La señora detrás del cristal desgrana las frases en voz alta y con paciencia lo repite otra vez: "Hay que pagar diez euros más, se trata de una nueva cuota fija por cada visita médica". La pareja al otro lado de la ventanilla no se lo puede creer. "¡Pero si el mismo análisis me costó la mitad hace un mes!", exclama él, manos gordas de obrero y pantalones manchados de cal. "Es una ley nacional, lo siento mucho", se excusa la señora. Cosimo De Florio, 42 años, albañil, tuvo una sorpresa agria ayer: acudió a la oficina donde se cobra el copago sanitario porque tenía que hacerse un examen pulmonar, prescrito por su médico. "La última vez pagué 12,97 euros. Hoy 22,97". En el hospital público Vito Fazzi de Lecce, en el tacón de Italia, región de Apulia, la escena se repite casi idéntica en la sala donde se pide cita para las visitas de médicos especialistas: ciudadanos enfurecidos y funcionarios que se defienden con la distancia de quien ejecuta una orden a su pesar.
A partir del 18 de julio, una nueva norma estatal establece el cobro de 10 euros para controles sanitarios prescritos por el médico de familia y 25 euros por los ingresos en urgencias en el nivel más bajo de gravedad, los llamados códigos blancos. Se trata de la medida más controvertida entre los recortes efectuados por el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobados la semana pasada para calmar mercados y colegas europeos: Italia tiene que sanear su deuda y gastar menos. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha pensado en hacer caja con las prestaciones sanitarias en los hospitales y ambulatorios públicos. Lo que ha azuzado la rebelión de las instituciones locales. Una mayoría de regiones, responsables de la sanidad, se niega a aplicar la fórmula, al menos tal y como la previó el gobierno.
Las regiones pidieron ayer entrevistarse de forma urgente con el ministro de Salud, Ferruccio Fazio. "El Gobierno tiene que encontrar una vía más equitativa y menos dañina para llevar dinero a las arcas públicas", resume Vasco Errani, presidente de la Conferencia de las Regiones, una asamblea que reúne a todos los gobernadores de las 20 comunidades. Errani administra Emilia Romagna, un bastión de la izquierda (él, hombre fuerte del Partido Democrático, está en su tercer mandato). Pero su contrariedad expresa el sentimiento general de los responsables locales. Regiones de derechas, como Veneto y Cerdeña, también han rehusado sumar el nuevo copago al anterior.
En Italia el copago existe desde 1978. Además de algunos fármacos, se pagan las vistas a los médicos especialistas y los análisis, hasta un techo de 36,15 euros. Lo demás lo pone el Estado. Por ejemplo, un electrocardiograma cuesta 11 euros (de media) y un análisis de orina, tres. Con la nueva ley, los ciudadanos deben desembolsar 10 euros más. "Una especie de billete de acceso a la sanidad pública, una tasa encubierta", la define Nerina Dirindin, catedrática de Economía Pública en la Universidad de Turín. "Porque ya no te están cobrando por lo que le cuesta al Estado la prueba, sino que piden dinero por el simple hecho de requerirla. Es como cuando se paga la entrada a un parque de atracciones y luego, una vez dentro, se ponen monedas para subir a la montaña rusa o a la noria", dice. Por cierto, el copago en Italia se llama ticket.
"El problema es político", exclama Paola Povera, enfermera jefa de la unidad de Obstetricia en el Vito Fazzi. "Es verdad que hay especulaciones, corrupción y despilfarros. Hay que racionalizar los recursos. Pero los pacientes no deben pagar por los errores de los directivos. Reduzcamos los costes de la política, cortemos otros sectores, pero la gente tiene que poderse curar", sigue.
"Esta medida es una sentencia de muerte para la sanidad pública", concuerda Francesca Moccia, coordinadora nacional del Tribunal para la Defensa de los Enfermos. "Hemos abierto un servicio llamado SOS Ticket. La gente nos cuenta que con el nuevo copago, para muchas prestaciones de bajo coste conviene más acudir a una clínica privada", explica. Las cuentas son elementales: un análisis de orina cuesta ahora 13 euros. Un laboratorio privado puede ofrecerlo por 5 y en menos tiempo. Solo para cosas más caras, como una resonancia magnética, conviene aún lo público.
Allí está la triquiñuela. Hecha la ley, hecha la trampa: una norma pensada para que entre más dinero en el erario público, acaba favoreciendo a la sanidad privada. El punto de vista de la economista Dirindin es tajante: "Considero útil el copago: una pequeña suma de dinero sensibiliza al ciudadano sobre el hecho de que la prestación sanitaria tiene costes para el Estado y no hay que abusar. Pero la forma concebida por el Gobierno es inútil e ineficaz".
La medida tampoco gusta a Pina Tommasielli, médica de familia en un barrio popular de Nápoles y concejal en la nueva junta municipal de la Italia de los Valores. "El país se encamina hacia un sistema americano, donde para tener buenos cuidados hay que tener un seguro privado. Vamos hacia una sanidad de doble velocidad: una para los ricos y otra para los pobres", dice.
El copago afecta a todos los ciudadanos que tengan entre seis y 65 años, una renta familiar superior a los 11.000 euros anuales y que no presenten patologías crónicas y graves (por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Dos tercios de la población queda exenta.
Errani no lo duda: "Se trata de una elección equivocada, que provoca inequidad y daña el sistema sanitario nacional. Hay que buscar soluciones alternativas".
Mientras, algunas zonas del país se han resignado a poner en marcha la medida. La rica Lombardía, cuya capital es Milán, es casi la única que no ha rechistado. Su presidente, Roberto Formigoni (Pueblo de la Libertad), declaró que no se puede boicotear una ley, engendrando problemas a las arcas del Estado. Sicilia, otro bastión azul, se alineó también, pero a los pocos días bloqueó el cobro adicional por las protestas de médicos y pacientes. "Yo no razono como un consejero delegado de una empresa", dice Giacomo Ingarao, médico de urgencias en el mayor hospital público de Palermo. "Si un análisis de sangre le cuesta al paciente 46 euros, me lo pienso dos veces antes de prescribirlo. Y el paciente duda aún más de hacérselo. Eso comporta un detrimento de la cobertura sanitaria. La gente puede dejar de ir al médico".
Apulia, gobernada por Nichi Vendola, de Sinistra Ecologia y Libertad (similar a Izquierda Unida) está entre las primeras que se disciplinaron: como muchas regiones italianas, su sanidad está en números rojos. Maria Teresa Stanca sale de la oficina del ticket de Lecce con aire abatido: "Me parto la espalda limpiando pisos y me toca pagar 46 euros para una radiografía. Si no me doliera tanto aguantaría, pero no puedo. Le voy a pedir dinero a mi hermana", dice volviendo a doblar en el bolso la receta del médico.
Nuevas normas
- En 1978 se introduce el copago en Italia para aumentar los ingresos y disuadir a los ciudadanos del abuso de fármacos y prestaciones.
- Los ciudadanos pagan una parte de algunos fármacos, visitas a especialistas y análisis. Hasta 36 euros.
- Quedan exentos los menores de seis años y mayores de 65, los que tengan una renta familiar inferior a 11.000 euros y los enfermos de patologías importantes y crónicas.
- Cambian las reglas de acceso a urgencias: los pacientes sin síntomas graves o urgentes pagarán 25 euros.
La señora detrás del cristal desgrana las frases en voz alta y con paciencia lo repite otra vez: "Hay que pagar diez euros más, se trata de una nueva cuota fija por cada visita médica". La pareja al otro lado de la ventanilla no se lo puede creer. "¡Pero si el mismo análisis me costó la mitad hace un mes!", exclama él, manos gordas de obrero y pantalones manchados de cal. "Es una ley nacional, lo siento mucho", se excusa la señora. Cosimo De Florio, 42 años, albañil, tuvo una sorpresa agria ayer: acudió a la oficina donde se cobra el copago sanitario porque tenía que hacerse un examen pulmonar, prescrito por su médico. "La última vez pagué 12,97 euros. Hoy 22,97". En el hospital público Vito Fazzi de Lecce, en el tacón de Italia, región de Apulia, la escena se repite casi idéntica en la sala donde se pide cita para las visitas de médicos especialistas: ciudadanos enfurecidos y funcionarios que se defienden con la distancia de quien ejecuta una orden a su pesar.
A partir del 18 de julio, una nueva norma estatal establece el cobro de 10 euros para controles sanitarios prescritos por el médico de familia y 25 euros por los ingresos en urgencias en el nivel más bajo de gravedad, los llamados códigos blancos. Se trata de la medida más controvertida entre los recortes efectuados por el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobados la semana pasada para calmar mercados y colegas europeos: Italia tiene que sanear su deuda y gastar menos. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha pensado en hacer caja con las prestaciones sanitarias en los hospitales y ambulatorios públicos. Lo que ha azuzado la rebelión de las instituciones locales. Una mayoría de regiones, responsables de la sanidad, se niega a aplicar la fórmula, al menos tal y como la previó el gobierno.
Las regiones pidieron ayer entrevistarse de forma urgente con el ministro de Salud, Ferruccio Fazio. "El Gobierno tiene que encontrar una vía más equitativa y menos dañina para llevar dinero a las arcas públicas", resume Vasco Errani, presidente de la Conferencia de las Regiones, una asamblea que reúne a todos los gobernadores de las 20 comunidades. Errani administra Emilia Romagna, un bastión de la izquierda (él, hombre fuerte del Partido Democrático, está en su tercer mandato). Pero su contrariedad expresa el sentimiento general de los responsables locales. Regiones de derechas, como Veneto y Cerdeña, también han rehusado sumar el nuevo copago al anterior.
En Italia el copago existe desde 1978. Además de algunos fármacos, se pagan las vistas a los médicos especialistas y los análisis, hasta un techo de 36,15 euros. Lo demás lo pone el Estado. Por ejemplo, un electrocardiograma cuesta 11 euros (de media) y un análisis de orina, tres. Con la nueva ley, los ciudadanos deben desembolsar 10 euros más. "Una especie de billete de acceso a la sanidad pública, una tasa encubierta", la define Nerina Dirindin, catedrática de Economía Pública en la Universidad de Turín. "Porque ya no te están cobrando por lo que le cuesta al Estado la prueba, sino que piden dinero por el simple hecho de requerirla. Es como cuando se paga la entrada a un parque de atracciones y luego, una vez dentro, se ponen monedas para subir a la montaña rusa o a la noria", dice. Por cierto, el copago en Italia se llama ticket.
"El problema es político", exclama Paola Povera, enfermera jefa de la unidad de Obstetricia en el Vito Fazzi. "Es verdad que hay especulaciones, corrupción y despilfarros. Hay que racionalizar los recursos. Pero los pacientes no deben pagar por los errores de los directivos. Reduzcamos los costes de la política, cortemos otros sectores, pero la gente tiene que poderse curar", sigue.
"Esta medida es una sentencia de muerte para la sanidad pública", concuerda Francesca Moccia, coordinadora nacional del Tribunal para la Defensa de los Enfermos. "Hemos abierto un servicio llamado SOS Ticket. La gente nos cuenta que con el nuevo copago, para muchas prestaciones de bajo coste conviene más acudir a una clínica privada", explica. Las cuentas son elementales: un análisis de orina cuesta ahora 13 euros. Un laboratorio privado puede ofrecerlo por 5 y en menos tiempo. Solo para cosas más caras, como una resonancia magnética, conviene aún lo público.
Allí está la triquiñuela. Hecha la ley, hecha la trampa: una norma pensada para que entre más dinero en el erario público, acaba favoreciendo a la sanidad privada. El punto de vista de la economista Dirindin es tajante: "Considero útil el copago: una pequeña suma de dinero sensibiliza al ciudadano sobre el hecho de que la prestación sanitaria tiene costes para el Estado y no hay que abusar. Pero la forma concebida por el Gobierno es inútil e ineficaz".
La medida tampoco gusta a Pina Tommasielli, médica de familia en un barrio popular de Nápoles y concejal en la nueva junta municipal de la Italia de los Valores. "El país se encamina hacia un sistema americano, donde para tener buenos cuidados hay que tener un seguro privado. Vamos hacia una sanidad de doble velocidad: una para los ricos y otra para los pobres", dice.
El copago afecta a todos los ciudadanos que tengan entre seis y 65 años, una renta familiar superior a los 11.000 euros anuales y que no presenten patologías crónicas y graves (por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Dos tercios de la población queda exenta.
Errani no lo duda: "Se trata de una elección equivocada, que provoca inequidad y daña el sistema sanitario nacional. Hay que buscar soluciones alternativas".
Mientras, algunas zonas del país se han resignado a poner en marcha la medida. La rica Lombardía, cuya capital es Milán, es casi la única que no ha rechistado. Su presidente, Roberto Formigoni (Pueblo de la Libertad), declaró que no se puede boicotear una ley, engendrando problemas a las arcas del Estado. Sicilia, otro bastión azul, se alineó también, pero a los pocos días bloqueó el cobro adicional por las protestas de médicos y pacientes. "Yo no razono como un consejero delegado de una empresa", dice Giacomo Ingarao, médico de urgencias en el mayor hospital público de Palermo. "Si un análisis de sangre le cuesta al paciente 46 euros, me lo pienso dos veces antes de prescribirlo. Y el paciente duda aún más de hacérselo. Eso comporta un detrimento de la cobertura sanitaria. La gente puede dejar de ir al médico".
Apulia, gobernada por Nichi Vendola, de Sinistra Ecologia y Libertad (similar a Izquierda Unida) está entre las primeras que se disciplinaron: como muchas regiones italianas, su sanidad está en números rojos. Maria Teresa Stanca sale de la oficina del ticket de Lecce con aire abatido: "Me parto la espalda limpiando pisos y me toca pagar 46 euros para una radiografía. Si no me doliera tanto aguantaría, pero no puedo. Le voy a pedir dinero a mi hermana", dice volviendo a doblar en el bolso la receta del médico.
Nuevas normas
- En 1978 se introduce el copago en Italia para aumentar los ingresos y disuadir a los ciudadanos del abuso de fármacos y prestaciones.
- Los ciudadanos pagan una parte de algunos fármacos, visitas a especialistas y análisis. Hasta 36 euros.
- Quedan exentos los menores de seis años y mayores de 65, los que tengan una renta familiar inferior a 11.000 euros y los enfermos de patologías importantes y crónicas.
- Cambian las reglas de acceso a urgencias: los pacientes sin síntomas graves o urgentes pagarán 25 euros.
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