2012-03-30

Por una "sanidade pública en Galiza"

Repasamos la situación de la sanidad en Galicia como campo de pruebas de políticas que después se han ido extendiendo por el resto del Estado. Servicios como la diálisis, la esterilización y hasta el sistema de oposiciones están siendo privatizados.


Rocío Fraga / A Coruña
Martes 13 de marzo de 2012
Complejo Hospitalario de CHOU (Ourense), de gestión privada / Foto: Óscar Pinal.
La sanidad en Galicia se está viendo amenazada por diferentes políticas puestas en marcha por los gobiernos del PP, que parecen usar el país como campo de pruebas para luego extenderlas al resto de territorios del Estado. Muestra de ello es el nuevo cargo asumido por la que fue Conselleira de Sanidade de la Xunta da Galiza de Feijóo, Pilar Farjas, que actualmente ocupa la Secretaría de Estado de Sanidad en el Ministerio que lidera Ana Mato. Su sucesora en el cargo, Rocío Mosquera, parece seguir las líneas marcadas, satisfecha con el resultado de los recortes que se fueron ejecutando durante la última legislatura, una vez recuperado el Gobierno gallego por el PP.

Para la defensa de la Sanidad Pública en Galicia se ha creado una Plataforma, conocida como SOS Sanidade Pública, con presencia en todo el país, integrada por diferentes plataformas comarcales, además de la Federación Galega de Asociaciones de Vecinos, partidos políticos (BNG, PSdeG-PSOE, EU), sindicatos (CC OO, UGT, CIG, SATSE) y la Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública. A nivel comarcal se suman otros colectivos y asociaciones, especialmente de personas afectadas por enfermedades específicas.

Galicia destina un 34% de sus presupuestos a la Sanidad Pública, según los datos analizados desde las plataformas de la comarca de O Morrazo, lo que no deja de ser una cantidad muy apetecible para los grupos empresariales privados que están entrando a lo público mediante sistemas de Participación Público- Privada (PPP). Con ellos, la Consellería de Sanidade, por ejemplo, pasa a ser inquilina en infraestructuras sanitarias gestionadas por empresas, por lo que tienen que abonar cánones que multiplican el gasto que bien podría ser llevado a cabo a través de Sociedades Públicas de Inversión (SPI). Esto es lo que está ocurriendo en hospitales como el de Ourense o el de Vigo. Servicios como la diálisis renal, la información sanitaria, la central de compras, la limpieza, la esterilización, la lavandería, la seguridad, la restauración y hasta el sistema de oposiciones están siendo a su vez privatizados.

Los recortes presupuestarios del 2011 por parte de la Xunta, de cerca de 200 millones de euros, junto a estas fórmulas de introducción de capital privado, ya han supuesto la supresión de guardias, el cierre de algunos quirófanos por las tardes, la paralización de los Planes de Mejora de la Atención Primaria y de los planes directores de mejoras de hospitales, así como la supresión de servicios de ambulancias en localidades como Marín (Pontevedra). Como suele ocurrir, es la población más vulnerable la que ve aún más recortados sus servicios de atención sanitaria. Es el caso de los cierres de unidades de atención después del parto, la atención a personas con drogodependencia y la salud mental.

Adiós a la universalidad

Especial incidencia mediática tuvo la aparición del llamado Código 29, asignado a personas que se encuentran en situación de desempleo y agotan sus prestaciones, y a las personas extranjeras (esto último sin tanta incidencia en los medios hegemónicos). El Código 29 se asigna a estos colectivos y pierden sus derechos a tener personal médico asignado, a poder ser citados y a tener prestación farmacéutica (sólo los mantienen menores y mujeres embarazadas). Únicamente se les reconoce el derecho a la asistencia de urgencia y emergencia.

En estos casos la tarjeta sanitaria convencional queda anulada y es necesario adscribirse en la de alguien que mantenga los derechos o gestionar una tarjeta especial para personas sin recursos. Las personas extranjeras aún tienen un handicap más, tal y como denunciaron O Foro Galego da Inmigración y Médicos do Mundo a través de un comunicado público conjunto: en la misma orden en la que se crea el código 29 se impone como requisito una antigüedad mínima en el padrón de 183 días para poder solicitar la tarjeta sanitaria. Una vez más quedan vulnerados los derechos de universalidad de la sanidad pública de los que siempre se ha presumido.

Copago encubierto

Sólo dos meses después de esta orden, la Xunta publicó el Decreto 209/2011, por el que se establecen tarifas que repercutirían sobre las personas que supuestamente usen de manera ‘irresponsable’ las prestaciones sanitarias asistenciales del sistema público. Para Ramón Veras, de la Plataforma pola Sanidade Pública da Comarca da Coruña, “con estas medidas, se deja una puerta abierta al copago, algo que no se contempla en ningún lugar de la Lei de Saúde de Galiza y que, para aplicarse, debería pasar por un proceso de aprobación parlamentaria”.

Además de las diferentes movilizaciones y denuncias que han venido promoviendo, uno de los objetivos de la Plataforma SOS Sanidade Pública es sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular que se centra en defender el carácter público de la sanidad como garantía del derecho a la salud de todas las personas en Galiza, gestionando de manera pública y directa los servicios sanitarios –con el aumento de la capacidad resolutiva y los recursos de la atención primaria, el acceso a las tecnologías diagnósticas y un largo etcétera– y rechazando las formas de financiación y gestión privada introducidas por la Xunta.

Helbide honetan argitaratua:

2012-03-26

Defender el sistema público de salud es defender la democracia

(Por Abel Novoa)

19 de marzo de 2012




Esta semana, el profesor John Ashton publica un artículo en el Lancet  en defensa del sistema sanitario público británico, el mítico NHS, titulado “Defending democracy and the National Health Service”. Ashton, basándose en el conocido aforismo “si no conoces tu historia estás condenado a repetirla” recupera las bases socio políticas que justificaron la creación del NHS en 1948: la recesión económica de los años 20 y 30 y la carnicería de la II Guerra Mundial. Recuerda el autor cómo la sociedad británica que salió de estas dos crisis tenía clara conciencia del “all in it together” (todos juntos). 


Los nuevos gestores conservadores no solo ignoran su propia historia sino que también el enorme cuerpo de evidencias que sustentan el mantenimiento de un potente sistema público de salud. Esta opción nunca había estado menos ideologizada que en nuestros días. Curiosamente, las políticas neoliberales, en nombre de una inexistente objetividad científica económica, están imponiendo un desmantelamiento ideológico del sistema público de salud. Recuerda Ashton las palabras del Profesor Titmuss, un importante teórico de las políticas sociales: “Un servicio solo para pobres es un pobre servicio”. Según Titmuss, existen tres modelos de políticas sociales: Modelo de Bienestar Residual (Residual Welfare Model), Modelo de Desarrollo Industrial (Industrial Achievement Performance Model) y el Modelo de Redistribución Institucional (institucional Redistributive Model)

El modelo británico, también el español, ha seguido los parámetros del Institutional Redistributive Model, es decir, un sistema de bienestar social que es una gran institución integrada que provee servicios universales fuera del mercado y bajo el principio de necesidad. En la actualidad, las reformas neoliberales, fuertemente ideologizadas como decimos, pretenden cambiar este modelo por un híbrido entre el Industrial Achievement Performance Model (un modelo que defiende que las necesidades sociales sean cubiertas solo para los trabajadores, es decir, para los que se lo ganan) y el Residual Welfare Model (y los que se lo ganan que se paguen una sanidad privada; para los que no se lo ganan, la familia o la caridad). Paradójicamente, cuando los sistemas nacionales de salud cuentan con más evidencias científicas a su favor que nunca, por motivos estrictamente ideológicos, estamos destruyéndolos (“we are sleep-walking into its destruction”)

En UK ya ha comenzado la transformación del NHS en un sistema en el que los trabajadores se paguen el seguro médico a través de la Health and Social Care Bill promovida por la Secretary of State for Health. El objetivo declarado es que la institución que gestiona los hospitales públicos británicos (Foundation Trust Hospitals) se financie en un 49% a través de fondos provenientes de pacientes privados. De este modo, en el mismo hospital, existirá una medicina para ricos y otra para pobres. Esta auténtica “segregación” en la atención impulsada por el Gobierno británico necesita de la previa estigmatización del necesitado y la creación de una opinión en las clases medias contra los gorrones e indignos pobres (“vilification of poorer people and the creation of a mindset among those in middling positions that those beneath them are scroungers and undeserving”) (lo pongo textual para que no parezca que estoy cargando la nota; artículo, insisto, de esta semana en el Lancet) 

El autor alerta que no se puede confiar que los proveedores privados de salud se vayan a hacer cargo de las contingencias “poco rentables” como la atención de urgencias, la salud mental o la atención a los ancianos y enfermos crónicos y califica la Health and Social Care Bill de maligna. Hace una llamada a la responsabilidad profesional para que no colabore en este desmantelamiento por motivos de beneficio propio citando una frase de Titmuss que a mí me suena personalmente cercana en estos días: “I happen to believe that the conflict between profesional ethics and economic man should reduced as far as humanly posible” (el conflicto entre la ética profesional y el hombre económico debería reducirse tanto como fuera humanamente posible). 

Termina Ashton: “Estamos a las puertas de un daño irreversible a una de las señas de identidad de lo que es vivir en un país civilizado; es el momento de levantarse y defender una institución que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos y de la que somos guardias y custodias hasta que llegue a nuestros hijos y nietos” 

No hay que andarse por las ramas. En UK lo tienen claro. Defender el sistema público de salud es defender el núcleo duro de la democracia. 

Abel Novoa es médico de familia y pertenece a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Murcia y a la Plataforma Ciudadana NoGracias.


Helbide honetan argitaratua:

2012-03-18

Recogida de firmas: ‘NO’ a la desgravación fiscal de seguros de salud privados.

Por Movimiento 15M - Asamblea Popular de Chamberí (fuente: Actuable)


Hacemos un llamamiento a todos los movimientos sociales, asambleas de barrios y pueblos para firmar la carta dirigida a la Sra. Ministra de Sanidad y al Sr. Ministro de Hacienda contra la desgravación fiscal por los seguros privados de salud en la siguiente dirección:
http://actuable.es/peticiones/al-sr-ministro-hacienda-no-la-desgravacinn-fiscal-de

Publicado el 16 de Marzo de 2012



Saludamos y difundimos la iniciativa que el Grupo de Salud de la Asamblea de Chamberi del 15-M, ha decidido promover, sobre una recogida de firmas en ACTUABLE contra la ofensiva campaña para retomar la desgravación fiscal por la contratación de seguros de salud privados organizada por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a organizaciones y patrocinadores de la sanidad privada.

Esta campaña aprovecha las contrarreformas que sobre el Estado del Bienestar está diseñando el gobierno, para establecer incentivos fiscales, colectivos e individuales, para los seguros sanitarios privados fomentando el crecimiento de la sanidad privada y restando apoyos y fondos al Sistema Nacional de Salud, dificultando cada vez más que asuma de manera adecuada la atención en salud al ciudadano/a.

Porque:

- La sanidad debe ser pública, gratuita, universal, equitativa y de calidad
- El sistema sanitario lo pagamos todos con nuestros impuestos
- Nuestro sistema sanitario no es un gasto, sino una inversión en la salud y un derecho constitucional de todos.

Hacemos un llamamiento a todos los movimientos sociales, asambleas de barrios y pueblos para firmar la carta dirigida a la Sra. Ministra de Sanidad y al Sr. Ministro de Hacienda contra la desgravación fiscal por los seguros privados de salud en la siguiente dirección:



Helbide honetan argitaratua:

2012-03-16

BERRIAK - NOTICIAS

El ataque de Novartis contra los genéricos pone en peligro la vida de millones de pacientes. ¡Entre todos debemos pararlo!
2012-03-15


India fabrica medicamentos genéricos y los exporta a precios asequibles, por eso es conocida como “la farmacia del mundo en desarrollo”. De ella dependen millones de pacientes.

Ahora la producción de estos medicamentos está seriamente amenazada por la demanda interpuesta por la multinacional farmacéutica Novartis contra el Gobierno indio. La compañía no ha dejado de atacar las leyes indias que permiten la producción de medicamentos genéricos, anteponiendo sus beneficios a la salud de los pacientes, y el caso ya ha llegado al Tribunal Supremo de este país.

Gracias a la competencia de los genéricos en el mercado, el precio del tratamiento del VIH/sida se ha reducido de más de 10.000 dólares por paciente y año en 2000 a los 150 dólares que cuesta hoy en día. Solo como ejemplo, un 80% de los medicamentos que usa Médicos Sin Fronteras para tratar el sida en 19 países procede de India.

El 28 de marzo empieza la vista del caso Novartis ante el Tribunal Supremo indio. No hay tiempo que perder:

¡Únete a la campaña STOPNovartis para que la farmacéutica retire su demanda contra el Gobierno indio!



Más información: www.msf.es/STOPnovartis 


Helbide honetan argitaratua:

Constituida la Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad (RAAS)

Por RAAS (fuente: CAS Madrid )
El actual sistema depredador, lejos de conformarse con la acumulación de riqueza en manos de una pequeña oligarquía generando precariedad en la mayoría, ha profundizado en el expolio, y ha puesto sus ojos en los servicios públicos como negocio.

Publicado el 14 de Marzo de 2012


Si no lo impedimos, sanidad, educación y los demás servicios sociales se convertirán en una presa más de los "sacrosantos" mercados.
No cabe duda alguna de que todas las “reformas” que desde hace años han venido introduciéndose en la gestión y prestación de la sanidad pública, han ido dirigidas a la derivación de recursos a empresas privadas, buscando, de esa manera, aumentar su volumen de negocio.
De esa forma, gobiernos (tanto centrales como autonómicos) de distinto signo político, han ido desmantelando y deteriorando la sanidad pública: infra presupuestándola aun en tiempos de bonanza, introduciendo “nuevas formas de gestión” y aumentando hasta el dislate los conciertos privados externos. Todo ello, convenientemente aderezado con las necesarias modificaciones legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, que han venido otorgando al proceso el necesario marco legal.
La cuestión viene de lejos. En 1991, con mayoría absoluta del PSOE, el Congreso de los Diputados crea la Comisión Abril Martorell para la “reforma del sistema sanitario”. Sus “recomendaciones” sufren un fuerte rechazo popular y, en apariencia, son aparcadas. Sin embargo, en la práctica, han ido siendo aplicadas (en todos los territorios) tanto por el extinto INSALUD como por los Servicios de Salud autonómicos, introduciendo medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización:
· Introducción de la contabilidad analítica, para situar en lugar preeminente el dispositivo económico que supone la evaluación de costes por proceso.
· Ralentización de la inversión en servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad.
· Progresiva y sistemática reducción de plantillas y camas públicas, al tiempo que se incrementaba año tras año la concertación de las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas con la sanidad privada.
· Privatización de los llamados servicios no sanitarios: limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, …, y posteriormente de los sanitarios encargados de las pruebas diagnósticas: laboratorio, radiología, etc.
· Precarización de las condiciones laborales mediante la aprobación del Estatuto Marco y en constante aumento de la temporalidad en el sector.
En 1997 la mayoría del Congreso (con la excepción de IU y BNG) aprueba la que va a ser la “piedra angular de la privatización”, la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, norma que plasma una de las principales recomendaciones de la Comisión Abril Martorell (separar la financiación –pública- de la provisión de servicios -pública y privada- para mejorar la eficiencia. Esto permitiría introducir competencia entre los proveedores) estableciendo que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios, financiados con dinero público, para explotarlos como un negocio más.
Más recientemente hemos asistido a pruebas irrefutables de la colaboración PP-PSOE en el proceso de privatización sanitario:
· En Madrid, Ayuntamientos gobernados por el PSOE han cedido gratuitamente terrenos al PP para la construcción de hospitales PFI (Parla, Aranjuez, Villalba).
· En Catalunya el propio PSC-PSOE, gobernando con otros grupos de “izquierdas” ha utilizado el mismo modelo de hospital (Baix Llobregat) e incluso aprobó la Ley de Reforma del Institut Català de la Salut (ICS), que convirtió a este organismo (hasta ese momento entidad gestora de la Seguridad Social) en una empresa pública sujeta al derecho privado (con los votos de IU, CiU y ERC).
· En Baleares también el PSOE, gobernando con IU y PSM, ha abierto hospitales del mismo modelo que se critica en Madrid, Valencia o Galicia (Son Espases, Can Misses).
· En julio de 2011, aprovechando la tramitación parlamentaria de la Ley de Reforma de la Seguridad Social, y a instancias de CIU, el PSOE aprueba una enmienda que permite el expolio del patrimonio inmobiliario (sanitario y socio-sanitario) de la Seguridad Social y la entrega de su propiedad a las CCAA, que podrán dedicarlo a fines no sanitarios, venderlo, realizar especulaciones inmobiliarias, …; es decir, se legaliza la privatización de las infraestructuras.
Por último, y de nuevo siguiendo una de las más claras recomendaciones de la Comisión Abril Martorell, distintas CCAA especulan con la introducción de copagos, tanto en su versión más tradicional (pago de una cantidad previamente a la obtención de un servicio), como en versiones que buscan el encubrimiento de tamaño desatino (tiques moderadores para evitar los abusos; tasas por cada receta dispensada, por la obtención o renovación de las tarjetas sanitarias; aumentar el porcentaje farmacéutico en función de la renta; cobro de los servicios hosteleros en los hospitales –comidas, aseo, sillón de acompañante, ..-).
Finalmente, como anunció hace unos días el nuevo presidente del gobierno, “se elaborará una cartera básica de servicios para todos los ciudadanos a través de una Ley de Servicios Básicos. La ley exigirá que todas las Administraciones en sus presupuestos distingan los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son”. A la vista de lo cual no parece descabellado deducir que determinados servicios y prestaciones serán excluidos de la gratuidad del SNS, siendo necesaria una póliza complementaria de seguro para su cobertura.
Y todo ello, en palabras de Rajoy y como no podía ser de otra forma en nuestro “régimen democrático y participativo”: “Desde el ámbito estatal, y en el marco de nuestras competencias, plantearemos un Pacto por la Sanidad con todos los partidos políticos, Administraciones Públicas y profesionales implicados”.
Y sobre este Pacto, acerca del que inmediatamente se han pronunciado con cierto entusiasmo sindicatos y asociaciones subvencionados, es precisamente del que queremos hablar.
Pactar, hace mucho que se viene pactando (por acción u omisión), y las consecuencias a la vista están.
En septiembre de 2011 se hizo público un documento llamado “Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios” en el que se hacían públicas las posturas de distintas organizaciones y cuyo resumen es el siguiente:
- PP, PSOE, CiU, CC, PNV: partidos que aprobaron con sus votos en el Parlamento Estatal, la Ley que permite privatizar la sanidad (15/97 o de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”).
- FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública): critica las privatizaciones en las Comunidades que gobierna el PP y no dice nada en las privatizaciones que ha realizado el PSOE en las Comunidades que ha gobernado y gobierna.
- CCOO: su Federación de Sanidad valoró muy positivamente el consenso alcanzado en el Parlamento sobre las Nuevas Formas de Gestión.
- UGT: no se le conoce una postura clara.
- Sindicatos corporativos de medicina y enfermería: en todo el estado al lado de la Administración.
- Colegios profesionales: no han dado señales de vida.
- Sociedades científicas: subvencionadas por la industria farmacéutica y las administraciones, han guardado un escrupuloso silencio, permaneciendo ajenas al deterioro del sistema.

Viendo esto, pensamos que no podemos ser tan ingenuos como para caer de nuevo en la misma trampa.

Por ello, la Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad (RAAS), creada como un espacio de coordinación, entre los diferentes territorios, el día 25 de febrero de 2012 y constituida por organizaciones de distintas CCAA para unificar las luchas que, contra la Privatización de la Sanidad Pública, el co-repago y los recortes, se vienen llevando a cabo en los diferentes territorios, alcanza un acuerdo de mínimos entre sus componentes. Nuestra propuesta, abierta a nuevas aportaciones, y por supuesto a nuevos miembros, es la siguiente:
- Derogación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión.
- Financiación suficiente y finalista.
- No al copago (repago), ni a la implantación de tasas o tiques moderadores.
- No a ninguna nueva Ley de Servicios Básicos que distinga entre prestaciones básicas (las que prestaría el SNS) y complementarias (que precisarían de una póliza privada de seguro).
- No al expolio del Patrimonio de la Seguridad Social, cuyos únicos titulares son los trabajadores.
- Rescate de los centros y servicios ya privatizados/externalizados (y de sus plantillas).
- No a la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados.
- Integración de todas las mutualidades de funcionarios en la sanidad pública (Muface, MUGEJU, ISFAS) y que las Administraciones Públicas tengan prohibido suscribir pólizas colectivas de seguros privados para sus trabajadores.
- Que la información sanitaria sea pública y se democratice la toma de decisiones (participación real de usuarios y trabajadores en la gestión sanitaria).
- Por un sistema de incompatibilidades en el Sistema Nacional de Salud.
- Responsabilidades penales ante toda decisión privatizadora que suponga, por acción u omisión, el deterioro de la Sanidad Pública o que provoque el aumento de la morbilidad/mortalidad en la población.
- Consideramos que las ingentes subvenciones con que las Administraciones Públicas y empresas privadas financian a partidos, sindicatos, asociaciones científicas y profesionales, etc., son el factor fundamental que explica el silencio y la parálisis que desde hace décadas mantienen todas estas organizaciones, ante los procesos de deterioro y privatización de la sanidad. En el caso de las Administraciones Públicas, dichas subvenciones se realizan a cargo del dinero de nuestros impuestos, por tanto, exigimos la anulación de éste tipo de subvenciones con el fin de preservar la independencia de las organizaciones frente al poder.
- El dinero de estas subvenciones debe ser destinado a investigación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y, atención primaria, que deberían ser prioritarias para el Sistema Nacional de Salud.
Desde la RAAS hacemos un llamamiento a la movilización estatal que tendrá lugar el próximo 15 de abril, con el lema:


“Todxs a la calle: TU salud es SU negocio”

Manifiesto de constitución de la RAAS, formada por: Plataforma Anti-Privatización de la Sanidad de Aragón (PAS), CAS Madrid, Plataforma Matusalén, CAS País Valenciá y grupos constituyentes de las Plataformas de Andalucía, Baleares, Castilla la Mancha y Galicia.


helbide honetan argitaratua:

2012-03-02

Haciéndose rico a costa de la sanidad pública

Marta Sibina, editora de la revista cafèambllet y enfermera quirúrgica ha preparado, conjuntamente con su compañero Albano Dante Fachín, este reportaje, iniciamente en catalán y ahora en castellano, en el que nos explica, con todo lujo de detalles, los agujeros por los que desaparecen los dineros públicos de la sanidad catalana. Gracias a su trebajo de investigación y su tenacidad están sacando a la luz un robo insospechado que hace muchos años que dura.