Repasamos la situación de la sanidad en Galicia como campo de pruebas de políticas que después se han ido extendiendo por el resto del Estado. Servicios como la diálisis, la esterilización y hasta el sistema de oposiciones están siendo privatizados.
Rocío Fraga / A Coruña
Martes 13 de marzo de 2012
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| Complejo Hospitalario de CHOU (Ourense), de gestión privada / Foto: Óscar Pinal. |
La sanidad en Galicia se está viendo amenazada por diferentes políticas puestas en marcha por los gobiernos del PP, que parecen usar el país como campo de pruebas para luego extenderlas al resto de territorios del Estado. Muestra de ello es el nuevo cargo asumido por la que fue Conselleira de Sanidade de la Xunta da Galiza de Feijóo, Pilar Farjas, que actualmente ocupa la Secretaría de Estado de Sanidad en el Ministerio que lidera Ana Mato. Su sucesora en el cargo, Rocío Mosquera, parece seguir las líneas marcadas, satisfecha con el resultado de los recortes que se fueron ejecutando durante la última legislatura, una vez recuperado el Gobierno gallego por el PP.
Para la defensa de la Sanidad Pública en Galicia se ha creado una Plataforma, conocida como SOS Sanidade Pública, con presencia en todo el país, integrada por diferentes plataformas comarcales, además de la Federación Galega de Asociaciones de Vecinos, partidos políticos (BNG, PSdeG-PSOE, EU), sindicatos (CC OO, UGT, CIG, SATSE) y la Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública. A nivel comarcal se suman otros colectivos y asociaciones, especialmente de personas afectadas por enfermedades específicas.
Galicia destina un 34% de sus presupuestos a la Sanidad Pública, según los datos analizados desde las plataformas de la comarca de O Morrazo, lo que no deja de ser una cantidad muy apetecible para los grupos empresariales privados que están entrando a lo público mediante sistemas de Participación Público- Privada (PPP). Con ellos, la Consellería de Sanidade, por ejemplo, pasa a ser inquilina en infraestructuras sanitarias gestionadas por empresas, por lo que tienen que abonar cánones que multiplican el gasto que bien podría ser llevado a cabo a través de Sociedades Públicas de Inversión (SPI). Esto es lo que está ocurriendo en hospitales como el de Ourense o el de Vigo. Servicios como la diálisis renal, la información sanitaria, la central de compras, la limpieza, la esterilización, la lavandería, la seguridad, la restauración y hasta el sistema de oposiciones están siendo a su vez privatizados.
Los recortes presupuestarios del 2011 por parte de la Xunta, de cerca de 200 millones de euros, junto a estas fórmulas de introducción de capital privado, ya han supuesto la supresión de guardias, el cierre de algunos quirófanos por las tardes, la paralización de los Planes de Mejora de la Atención Primaria y de los planes directores de mejoras de hospitales, así como la supresión de servicios de ambulancias en localidades como Marín (Pontevedra). Como suele ocurrir, es la población más vulnerable la que ve aún más recortados sus servicios de atención sanitaria. Es el caso de los cierres de unidades de atención después del parto, la atención a personas con drogodependencia y la salud mental.
Adiós a la universalidad
Especial incidencia mediática tuvo la aparición del llamado Código 29, asignado a personas que se encuentran en situación de desempleo y agotan sus prestaciones, y a las personas extranjeras (esto último sin tanta incidencia en los medios hegemónicos). El Código 29 se asigna a estos colectivos y pierden sus derechos a tener personal médico asignado, a poder ser citados y a tener prestación farmacéutica (sólo los mantienen menores y mujeres embarazadas). Únicamente se les reconoce el derecho a la asistencia de urgencia y emergencia.
En estos casos la tarjeta sanitaria convencional queda anulada y es necesario adscribirse en la de alguien que mantenga los derechos o gestionar una tarjeta especial para personas sin recursos. Las personas extranjeras aún tienen un handicap más, tal y como denunciaron O Foro Galego da Inmigración y Médicos do Mundo a través de un comunicado público conjunto: en la misma orden en la que se crea el código 29 se impone como requisito una antigüedad mínima en el padrón de 183 días para poder solicitar la tarjeta sanitaria. Una vez más quedan vulnerados los derechos de universalidad de la sanidad pública de los que siempre se ha presumido.
Copago encubierto
Sólo dos meses después de esta orden, la Xunta publicó el Decreto 209/2011, por el que se establecen tarifas que repercutirían sobre las personas que supuestamente usen de manera ‘irresponsable’ las prestaciones sanitarias asistenciales del sistema público. Para Ramón Veras, de la Plataforma pola Sanidade Pública da Comarca da Coruña, “con estas medidas, se deja una puerta abierta al copago, algo que no se contempla en ningún lugar de la Lei de Saúde de Galiza y que, para aplicarse, debería pasar por un proceso de aprobación parlamentaria”.
Además de las diferentes movilizaciones y denuncias que han venido promoviendo, uno de los objetivos de la Plataforma SOS Sanidade Pública es sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular que se centra en defender el carácter público de la sanidad como garantía del derecho a la salud de todas las personas en Galiza, gestionando de manera pública y directa los servicios sanitarios –con el aumento de la capacidad resolutiva y los recursos de la atención primaria, el acceso a las tecnologías diagnósticas y un largo etcétera– y rechazando las formas de financiación y gestión privada introducidas por la Xunta.
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