2011-09-28

BI ARTIKULU - DOS ARTICULOS

Bi artikulu interesgarri.

Lehenengoan, Angeles Maestrok, gaur egungo egoeraren ikuspegi orokor bat ematen digu.

Bigarrenean berriz, Tolosaldeako 15-M taldeak, Osasun arloan bizi dugun problematikari buruz ari dira.

Oso interesgarriak biak.


Dos artículos interesantes.

En el primero, Angeles Maestro nos da una visión general de la problemática actual.

En el segundo en cambio, la asamblea del 15-M de Tolosaldea, nos habla sobre la problemática que vivimos actualmente con el tema de la Sanidad.

Muy interesantes ambos.





2011-09-26

KONTZENTRAZIOA ETA MANIFESTAZIOA



ZU, ERABILTZAILE IZANIK, ANBULATORIOA DESEGITEA ERAGOTZI DEZAKEZU
AMBULATORIO PUBLIKOKO ESPEZIALISTAK IKUS ZAITZALA ESKATU.

OSASUNAREN PRIBATIZAZIOARI EZ!

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TU COMO USUARIO PUEDES EVITAR QUE DESMANTELEN EL AMBULATORIO.

EXIGE QUE TE ATIENDAN LOS ESPECIALISTAS DEL AMBULATORIO PUBLICO.


NO A LA PRIVATIZACION DE LA SALUD

2011-09-11

Los políticos han tomado su decisión, los vecinos tendremos que responderles en consecuencia.

Nota:  la razón por la que públicamos éste artículo no es que estemos de acuerdo con lo que aquí se dice, sino que pretendemos que el mismo sirva  para el debate.

 

La Asunción funcionará como hospital comarcal de Tolosaldea


Osakidetza ampliará las especialidades en la clínica concertada. Será el primer centro comarcal que contará con una unidad para atender enfermos crónicos subagudos

09.09.11 FERNANDO SEGURA | DV

2011-09-07

Vecinos vuelven a ocupar cuatro ambulatorios catalanes contra los recortes

Por Ivanna Vallespín (fuente: El País)

Vecinos de la comarca del Vallès Occidental han vuelto a ocupar esta madrugada diversos Centros de Atención Primaria (CAP) en protesta contra los recortes en la sanidad pública. Son ambulatorios de Santa Perpètua de Mogoda, Castellar del Vallès, Badia del Vallès y Sabadell,...
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Publicado el 07 de Septiembre de 2011
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... que la madrugada del miércoles habían sido desalojados por los Mossos d'Esquadra a requerimiento del departamento de Salud de la Generalitat. "La noche ha sido muy tranquila en los cuatro CAP", ha asegurado esta mañana el miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sabadell Manuel Navas, que ha pasado la noche en el CAP Ca n'Oriac de Sabadell, informa Europa Press.

Además, 21 centros sanitarios catalanes cierran a partir de este mes de septiembre su servicio de urgencias durante la noche y los fines de semana, sumándose a los 25 que ya habían dejado de ofrecer esos servicios en verano.

De forma coordinada, más de un centenar de agentes de los Mossos d'Esquadra se presentaron la madrugada del miércoles simultáneamente a los ambulatorios de Badia del Vallès, Ca n'Oriac de Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda y Castellar del Vallès. "Estábamos durmiendo y, de repente, se encendieron las luces y vimos a los Mossos", explica Miguel Ángel, enfermero y miembro del movimiento 15-M, que acampaba en el CAP de Santa Perpètua.

No tan tranquilos estaban los ocupantes de los otros centros sanitarios, ya que horas antes habían recibido el aviso de que serían desalojados y detectaron agentes de paisano rondando por la zona. En el CAP de Ca n'Oriac un centenar de personas hacían guardia ante el ambulatorio, para evitar el desalojo. Hacia la una de la madrugada, viendo que los Mossos no acababan de aparecer, muchos se fueron y quedaron una cuarentena de vecinos, algunos durmiendo en colchones dentro del edificio y otros en tiendas de campaña en el exterior.

La operación finalizó antes de las tres de la madrugada, sin incidentes y sin ningún detenido. Los vecinos no ofrecieron resistencia y se mostraron sorprendidos por la magnitud de la operación. "Se les ha ido la olla. Podían haber venido solo agentes de la policía local a decir que nos fuéramos y lo habríamos hecho igual, porque había gente mayor y no buscábamos problemas. Ver allí a los antidisturbios me ha dado vergüenza", lamentó Rubén, de la asamblea de vecinos de Badia del Vallès. El Departamento de Salud justificó el desalojo para mantener los centros en buenas condiciones durante las horas que están abiertos al público, ya que "las condiciones de seguridad y salubridad se habían degradado". Los acampados lo niegan y defienden el buen entendimiento que ha habido todas estas semanas con el personal sanitario, según Miguel Jiménez, acampado en Santa Perpètua. Un portavoz de Salud aseguró que durante agosto se ha gastado 25.000 euros en solventar desperfectos y también en contratar agentes de seguridad de Prosegur para vigilar por las noches los cinco centros ocupados.

La Generalitat ha previsto cerrar 21 urgencias nocturnas más. Los más afectados son de Camp de Tarragona, que quedará con la mitad de los centros de urgencias cerrados por la noche. La medida se aplicará a partir de hoy a las nueve de la noche y obligará a cerrar en 14 CAP de la zona desde esa hora y hasta las ocho de la mañana. Solo en la ciudad de Tarragona cerrarán tres CAP, y otros dos en la comarca del Tarragonès. Las urgencias de la comarca serán transferidas a los hospitales Joan XXIII y Santa Tecla, y también al centro de atención primaria de Torreforta.


En el Baix Penedès cierran de noche dos CAP y en el Baix Camp, cinco, mientras que en el Alt Camp y la Conca de Barberà serán tres; sus urgencias pasarán a ser atendidas al hospital de Valls.


Josep Mercader, gerente de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona sostiene que con los cierres se ahorrarán "dos millones de euros al año". Sin embargo, los sindicatos alertan de la masificación que puede producirse en los centros del Camp de Tarragona que seguirán abiertos de noche.


La Generalitat impulsará un servicio de asistencia telefónica. Los pacientes deberán llamar al 112 y al 902 111 444 y explicar sus síntomas. El personal médico valorará su estado y decidirá la asistencia a dar: telefónica, domiciliaria o el traslado a un centro médico. Además, se creará un dispositivo específico de asistencia domiciliaria con siete ambulancias en el Camp de Tarragona, que se sumará a las 23 ya existentes.


En Girona, los cierres se producirán a partir del 12 de septiembre y afectará a siete centros de la comarca de la Selva y dos en el Ripollès. En Lleida, los CAP no verán reducidos sus horarios de apertura en septiembre, pero Salud no descarta afectaciones en los centros de Ponent durante las próximas semanas.


Estos 21 servicios se suman a las 25 urgencias nocturnas que están clausuradas desde el 1 de julio, básicamente en el área metropolitana. Desde Salud aseguran que han preferido retrasar la afectación a centros sanitarios de las zonas costeras y turísticas, para evitar problemas de colapsos durante la época vacacional. Estos cierres son definitivos y en aplicación de los recortes del 10% que está llevando a cabo Salud.


Con información de Mercè Pérez, Antía Castedo y Eva Visa.

 HELBIDE HONETAN ARGITARATUA:

2011-09-05

HAU OTE DA DATORKIGUNA?

Rebelión contra el copago en Italia

Por Lucía Magi (fuente: El País)
En el hospital Vito Fazzi de Lecce, tacón de Italia, región de Apulia, la escena se repite casi idéntica en la sala donde se pide cita para las visitas de médicos especialistas: ciudadanos enfurecidos y funcionarios que se defienden con la distancia de quien ejecuta una orden a su pesar.
 
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Publicado el 03 de Septiembre de 2011
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 La señora detrás del cristal desgrana las frases en voz alta y con paciencia lo repite otra vez: "Hay que pagar diez euros más, se trata de una nueva cuota fija por cada visita médica". La pareja al otro lado de la ventanilla no se lo puede creer. "¡Pero si el mismo análisis me costó la mitad hace un mes!", exclama él, manos gordas de obrero y pantalones manchados de cal. "Es una ley nacional, lo siento mucho", se excusa la señora. Cosimo De Florio, 42 años, albañil, tuvo una sorpresa agria ayer: acudió a la oficina donde se cobra el copago sanitario porque tenía que hacerse un examen pulmonar, prescrito por su médico. "La última vez pagué 12,97 euros. Hoy 22,97". En el hospital público Vito Fazzi de Lecce, en el tacón de Italia, región de Apulia, la escena se repite casi idéntica en la sala donde se pide cita para las visitas de médicos especialistas: ciudadanos enfurecidos y funcionarios que se defienden con la distancia de quien ejecuta una orden a su pesar.

A partir del 18 de julio, una nueva norma estatal establece el cobro de 10 euros para controles sanitarios prescritos por el médico de familia y 25 euros por los ingresos en urgencias en el nivel más bajo de gravedad, los llamados códigos blancos. Se trata de la medida más controvertida entre los recortes efectuados por el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobados la semana pasada para calmar mercados y colegas europeos: Italia tiene que sanear su deuda y gastar menos. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha pensado en hacer caja con las prestaciones sanitarias en los hospitales y ambulatorios públicos. Lo que ha azuzado la rebelión de las instituciones locales. Una mayoría de regiones, responsables de la sanidad, se niega a aplicar la fórmula, al menos tal y como la previó el gobierno.

Las regiones pidieron ayer entrevistarse de forma urgente con el ministro de Salud, Ferruccio Fazio. "El Gobierno tiene que encontrar una vía más equitativa y menos dañina para llevar dinero a las arcas públicas", resume Vasco Errani, presidente de la Conferencia de las Regiones, una asamblea que reúne a todos los gobernadores de las 20 comunidades. Errani administra Emilia Romagna, un bastión de la izquierda (él, hombre fuerte del Partido Democrático, está en su tercer mandato). Pero su contrariedad expresa el sentimiento general de los responsables locales. Regiones de derechas, como Veneto y Cerdeña, también han rehusado sumar el nuevo copago al anterior.

En Italia el copago existe desde 1978. Además de algunos fármacos, se pagan las vistas a los médicos especialistas y los análisis, hasta un techo de 36,15 euros. Lo demás lo pone el Estado. Por ejemplo, un electrocardiograma cuesta 11 euros (de media) y un análisis de orina, tres. Con la nueva ley, los ciudadanos deben desembolsar 10 euros más. "Una especie de billete de acceso a la sanidad pública, una tasa encubierta", la define Nerina Dirindin, catedrática de Economía Pública en la Universidad de Turín. "Porque ya no te están cobrando por lo que le cuesta al Estado la prueba, sino que piden dinero por el simple hecho de requerirla. Es como cuando se paga la entrada a un parque de atracciones y luego, una vez dentro, se ponen monedas para subir a la montaña rusa o a la noria", dice. Por cierto, el copago en Italia se llama ticket.

"El problema es político", exclama Paola Povera, enfermera jefa de la unidad de Obstetricia en el Vito Fazzi. "Es verdad que hay especulaciones, corrupción y despilfarros. Hay que racionalizar los recursos. Pero los pacientes no deben pagar por los errores de los directivos. Reduzcamos los costes de la política, cortemos otros sectores, pero la gente tiene que poderse curar", sigue.

"Esta medida es una sentencia de muerte para la sanidad pública", concuerda Francesca Moccia, coordinadora nacional del Tribunal para la Defensa de los Enfermos. "Hemos abierto un servicio llamado SOS Ticket. La gente nos cuenta que con el nuevo copago, para muchas prestaciones de bajo coste conviene más acudir a una clínica privada", explica. Las cuentas son elementales: un análisis de orina cuesta ahora 13 euros. Un laboratorio privado puede ofrecerlo por 5 y en menos tiempo. Solo para cosas más caras, como una resonancia magnética, conviene aún lo público.

Allí está la triquiñuela. Hecha la ley, hecha la trampa: una norma pensada para que entre más dinero en el erario público, acaba favoreciendo a la sanidad privada. El punto de vista de la economista Dirindin es tajante: "Considero útil el copago: una pequeña suma de dinero sensibiliza al ciudadano sobre el hecho de que la prestación sanitaria tiene costes para el Estado y no hay que abusar. Pero la forma concebida por el Gobierno es inútil e ineficaz".

La medida tampoco gusta a Pina Tommasielli, médica de familia en un barrio popular de Nápoles y concejal en la nueva junta municipal de la Italia de los Valores. "El país se encamina hacia un sistema americano, donde para tener buenos cuidados hay que tener un seguro privado. Vamos hacia una sanidad de doble velocidad: una para los ricos y otra para los pobres", dice.

El copago afecta a todos los ciudadanos que tengan entre seis y 65 años, una renta familiar superior a los 11.000 euros anuales y que no presenten patologías crónicas y graves (por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Dos tercios de la población queda exenta.

Errani no lo duda: "Se trata de una elección equivocada, que provoca inequidad y daña el sistema sanitario nacional. Hay que buscar soluciones alternativas".

Mientras, algunas zonas del país se han resignado a poner en marcha la medida. La rica Lombardía, cuya capital es Milán, es casi la única que no ha rechistado. Su presidente, Roberto Formigoni (Pueblo de la Libertad), declaró que no se puede boicotear una ley, engendrando problemas a las arcas del Estado. Sicilia, otro bastión azul, se alineó también, pero a los pocos días bloqueó el cobro adicional por las protestas de médicos y pacientes. "Yo no razono como un consejero delegado de una empresa", dice Giacomo Ingarao, médico de urgencias en el mayor hospital público de Palermo. "Si un análisis de sangre le cuesta al paciente 46 euros, me lo pienso dos veces antes de prescribirlo. Y el paciente duda aún más de hacérselo. Eso comporta un detrimento de la cobertura sanitaria. La gente puede dejar de ir al médico".

Apulia, gobernada por Nichi Vendola, de Sinistra Ecologia y Libertad (similar a Izquierda Unida) está entre las primeras que se disciplinaron: como muchas regiones italianas, su sanidad está en números rojos. Maria Teresa Stanca sale de la oficina del ticket de Lecce con aire abatido: "Me parto la espalda limpiando pisos y me toca pagar 46 euros para una radiografía. Si no me doliera tanto aguantaría, pero no puedo. Le voy a pedir dinero a mi hermana", dice volviendo a doblar en el bolso la receta del médico.

Nuevas normas
- En 1978 se introduce el copago en Italia para aumentar los ingresos y disuadir a los ciudadanos del abuso de fármacos y prestaciones.
- Los ciudadanos pagan una parte de algunos fármacos, visitas a especialistas y análisis. Hasta 36 euros.
- Quedan exentos los menores de seis años y mayores de 65, los que tengan una renta familiar inferior a 11.000 euros y los enfermos de patologías importantes y crónicas.
- Cambian las reglas de acceso a urgencias: los pacientes sin síntomas graves o urgentes pagarán 25 euros.
La señora detrás del cristal desgrana las frases en voz alta y con paciencia lo repite otra vez: "Hay que pagar diez euros más, se trata de una nueva cuota fija por cada visita médica". La pareja al otro lado de la ventanilla no se lo puede creer. "¡Pero si el mismo análisis me costó la mitad hace un mes!", exclama él, manos gordas de obrero y pantalones manchados de cal. "Es una ley nacional, lo siento mucho", se excusa la señora. Cosimo De Florio, 42 años, albañil, tuvo una sorpresa agria ayer: acudió a la oficina donde se cobra el copago sanitario porque tenía que hacerse un examen pulmonar, prescrito por su médico. "La última vez pagué 12,97 euros. Hoy 22,97". En el hospital público Vito Fazzi de Lecce, en el tacón de Italia, región de Apulia, la escena se repite casi idéntica en la sala donde se pide cita para las visitas de médicos especialistas: ciudadanos enfurecidos y funcionarios que se defienden con la distancia de quien ejecuta una orden a su pesar.

A partir del 18 de julio, una nueva norma estatal establece el cobro de 10 euros para controles sanitarios prescritos por el médico de familia y 25 euros por los ingresos en urgencias en el nivel más bajo de gravedad, los llamados códigos blancos. Se trata de la medida más controvertida entre los recortes efectuados por el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobados la semana pasada para calmar mercados y colegas europeos: Italia tiene que sanear su deuda y gastar menos. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha pensado en hacer caja con las prestaciones sanitarias en los hospitales y ambulatorios públicos. Lo que ha azuzado la rebelión de las instituciones locales. Una mayoría de regiones, responsables de la sanidad, se niega a aplicar la fórmula, al menos tal y como la previó el gobierno.

Las regiones pidieron ayer entrevistarse de forma urgente con el ministro de Salud, Ferruccio Fazio. "El Gobierno tiene que encontrar una vía más equitativa y menos dañina para llevar dinero a las arcas públicas", resume Vasco Errani, presidente de la Conferencia de las Regiones, una asamblea que reúne a todos los gobernadores de las 20 comunidades. Errani administra Emilia Romagna, un bastión de la izquierda (él, hombre fuerte del Partido Democrático, está en su tercer mandato). Pero su contrariedad expresa el sentimiento general de los responsables locales. Regiones de derechas, como Veneto y Cerdeña, también han rehusado sumar el nuevo copago al anterior.

En Italia el copago existe desde 1978. Además de algunos fármacos, se pagan las vistas a los médicos especialistas y los análisis, hasta un techo de 36,15 euros. Lo demás lo pone el Estado. Por ejemplo, un electrocardiograma cuesta 11 euros (de media) y un análisis de orina, tres. Con la nueva ley, los ciudadanos deben desembolsar 10 euros más. "Una especie de billete de acceso a la sanidad pública, una tasa encubierta", la define Nerina Dirindin, catedrática de Economía Pública en la Universidad de Turín. "Porque ya no te están cobrando por lo que le cuesta al Estado la prueba, sino que piden dinero por el simple hecho de requerirla. Es como cuando se paga la entrada a un parque de atracciones y luego, una vez dentro, se ponen monedas para subir a la montaña rusa o a la noria", dice. Por cierto, el copago en Italia se llama ticket.

"El problema es político", exclama Paola Povera, enfermera jefa de la unidad de Obstetricia en el Vito Fazzi. "Es verdad que hay especulaciones, corrupción y despilfarros. Hay que racionalizar los recursos. Pero los pacientes no deben pagar por los errores de los directivos. Reduzcamos los costes de la política, cortemos otros sectores, pero la gente tiene que poderse curar", sigue.

"Esta medida es una sentencia de muerte para la sanidad pública", concuerda Francesca Moccia, coordinadora nacional del Tribunal para la Defensa de los Enfermos. "Hemos abierto un servicio llamado SOS Ticket. La gente nos cuenta que con el nuevo copago, para muchas prestaciones de bajo coste conviene más acudir a una clínica privada", explica. Las cuentas son elementales: un análisis de orina cuesta ahora 13 euros. Un laboratorio privado puede ofrecerlo por 5 y en menos tiempo. Solo para cosas más caras, como una resonancia magnética, conviene aún lo público.

Allí está la triquiñuela. Hecha la ley, hecha la trampa: una norma pensada para que entre más dinero en el erario público, acaba favoreciendo a la sanidad privada. El punto de vista de la economista Dirindin es tajante: "Considero útil el copago: una pequeña suma de dinero sensibiliza al ciudadano sobre el hecho de que la prestación sanitaria tiene costes para el Estado y no hay que abusar. Pero la forma concebida por el Gobierno es inútil e ineficaz".

La medida tampoco gusta a Pina Tommasielli, médica de familia en un barrio popular de Nápoles y concejal en la nueva junta municipal de la Italia de los Valores. "El país se encamina hacia un sistema americano, donde para tener buenos cuidados hay que tener un seguro privado. Vamos hacia una sanidad de doble velocidad: una para los ricos y otra para los pobres", dice.

El copago afecta a todos los ciudadanos que tengan entre seis y 65 años, una renta familiar superior a los 11.000 euros anuales y que no presenten patologías crónicas y graves (por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Dos tercios de la población queda exenta.

Errani no lo duda: "Se trata de una elección equivocada, que provoca inequidad y daña el sistema sanitario nacional. Hay que buscar soluciones alternativas".

Mientras, algunas zonas del país se han resignado a poner en marcha la medida. La rica Lombardía, cuya capital es Milán, es casi la única que no ha rechistado. Su presidente, Roberto Formigoni (Pueblo de la Libertad), declaró que no se puede boicotear una ley, engendrando problemas a las arcas del Estado. Sicilia, otro bastión azul, se alineó también, pero a los pocos días bloqueó el cobro adicional por las protestas de médicos y pacientes. "Yo no razono como un consejero delegado de una empresa", dice Giacomo Ingarao, médico de urgencias en el mayor hospital público de Palermo. "Si un análisis de sangre le cuesta al paciente 46 euros, me lo pienso dos veces antes de prescribirlo. Y el paciente duda aún más de hacérselo. Eso comporta un detrimento de la cobertura sanitaria. La gente puede dejar de ir al médico".

Apulia, gobernada por Nichi Vendola, de Sinistra Ecologia y Libertad (similar a Izquierda Unida) está entre las primeras que se disciplinaron: como muchas regiones italianas, su sanidad está en números rojos. Maria Teresa Stanca sale de la oficina del ticket de Lecce con aire abatido: "Me parto la espalda limpiando pisos y me toca pagar 46 euros para una radiografía. Si no me doliera tanto aguantaría, pero no puedo. Le voy a pedir dinero a mi hermana", dice volviendo a doblar en el bolso la receta del médico.

Nuevas normas
- En 1978 se introduce el copago en Italia para aumentar los ingresos y disuadir a los ciudadanos del abuso de fármacos y prestaciones.
- Los ciudadanos pagan una parte de algunos fármacos, visitas a especialistas y análisis. Hasta 36 euros.
- Quedan exentos los menores de seis años y mayores de 65, los que tengan una renta familiar inferior a 11.000 euros y los enfermos de patologías importantes y crónicas.
- Cambian las reglas de acceso a urgencias: los pacientes sin síntomas graves o urgentes pagarán 25 euros.

HELBIDE HONETAN ARGITARATUA:
http://misaludnoesunnegocio.net/actualidad.php?p=7000&more=1&c=1&tb=1&pb=1

2011-09-03

Banqueros y políticos: “sacad vuestras manos de los servicios públicos”


Los servicios públicos de los países occidentales están en el punto de mira de los “mercados”, su objetivo: privatizar las partes rentables y transformar el resto en sistemas de beneficencia. Este proceso de deterioro y privatización no tiene colores políticos, está siendo realizado por y/o con la complacencia de todo tipo de partidos, y con el apoyo de organizaciones y sindicatos subvencionados. 

Sanidad. Los determinantes del proceso salud-enfermedad son políticos. Cuanto más desigual es un país, mayores son los problemas sanitarios y sociales. Los recortes sociales están provocando un incremento de las desigualdades y un empeoramiento de las condiciones de vida, que se traducen en un deterioro de todos los indicadores de bienestar social (mortalidad, morbilidad, esperanza de vida, suicidios, fracaso escolar, descenso de la movilidad social, aumento de la población encarcelada, de la violencia y del número de fuerzas policiales…..).

Los sistemas sanitarios públicos, fruto de  las luchas obreras del siglo XX, tienen un marcado componente curativo, ya que su principal objetivo es el tratamiento de las enfermedades de los trabajadores para reincorporarles cuanto antes al puesto de trabajo. En el contexto actual, con una parte cada vez mayor de la población en paro estructural,  la patronal no necesita un sistema sanitario público, de cobertura universal y gratuito en el momento del uso (la sanidad no nos la pagan ni políticos, ni empresarios, ni banqueros, la pagamos todos con nuestros impuestos). Eso explica el proceso de desmantelamiento, privatización y recortes que estamos sufriendo.

En el estado español, la privatización es posible gracias a la Ley 15/97, que permite la entrada de las empresas privadas en la gestión y explotación de los centros sanitarios y socio-sanitarios. Previamente han extendido la falsa idea de que el sistema es “insostenible” (el gasto sanitario público del estado español está muy por debajo de la media de la UE 15), mientras preparan un nuevo impuesto, esta vez “a la enfermedad”, mediante el pago de tasas o copagos/repagos en el momento de la utilización de los servicios o, excluyendo ciertas prestaciones sanitarias para que, quien pueda pagarlas, contrate pólizas de seguros privados.

Educación. Todo sistema democrático que se precie ha de proteger y priorizar el papel fundamental de la Educación Pública, ya que es la de TODOS y TODAS, la única que garantiza una educación en igualdad y permanece abierta a la diversidad constitutiva de toda sociedad.

Una escuela del conocimiento libre y crítico, basada en el saber científico y humanista como fin en sí mismo, que apuesta por el pleno desarrollo de las capacidades del ser humano y sus posibilidades de mejora como conjunto.

La Educación Pública está siendo atacada en nuestra Comunidad por la administración autonómica, con la complicidad de la administración central. El ataque es claro, se la ahoga económicamente y se la desprestigia socialmente.

Con argumentos falaces sobre la crisis, pretenden convertir la enseñanza pública, conquistada con el esfuerzo de nuestros mayores, en un nicho de negocio. Este proceso de privatización supone por tanto un expolio de los bienes del pueblo, introduce el factor del beneficio en la cobertura de los derechos más fundamentales, y crea una doble red de atención que fragmenta y segrega a la ciudadanía en función de sus ingresos y/o creencias. Al mismo tiempo impulsa la competitividad desleal de los centros por los recursos, y la precarización laboral y salarial de los trabajadores.

¿Son “sostenibles” los servicios sociales públicos?
En primer lugar hay que decir que el gasto social público en relación a nuestro PIB  está seis puntos por debajo del de la media de la UE. Para llegar a la media faltan 85.000 millones de euros al año.

En segundo lugar, la “sostenibilidad” es una cuestión de prioridades políticas y para analizar lo que sucede hay que ver los ingresos de las arcas públicas, es decir los impuestos, y algunos gastos perfectamente prescindibles.

No solamente no habría déficit sino que sobraría dinero para gastos sociales si en lo que se refiere a los ingresos:
. ..desde 1988 no se hubieran hecho reformas sucesivas del Impuesto sobre la Renta para que paguen menos los que más tienen.
. ..en 2007 no se hubieran rebajado drásticamente los tipos a los que cotiza el capital.
. ..desde 1991 no se hubiera reducido el Impuesto de Sociedades o creado las SICAV para las grandes fortunas que tributan al 1%.
. ..no se hubieran suprimido los Impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones
. ..además se persiguiera eficazmente el fraude fiscal, el más alto de la UE, que deja de ingresar 90.000 millones de euros al año.
Y si, desde el punto de vista de los gastos:
. ..en 2010 no se hubieran puesto 180.000 millones de euros a disposición de la insaciable banca que ahora reclama más para sanear y privatizar las Cajas
. .. disminuyera drásticamente en gasto militar que ha generado recientemente una deuda de 26.000 millones de euros en compra de armamento para aniquilar a pueblos como en Afganistán o en Libia.
. ..se anularan los 25 millones de euros anuales que gasta la monarquía, o los 10.000 millones de euros que cuesta a las arcas públicas la iglesia católica, o los despilfarros sangrantes en infraestructuras como aeropuertos, AVE, o la corrupción generalizada, etc.


Dinero hay y sobra. Que se destina a satisfacer necesidades sociales o a engordar parásitos, no depende de qué partido gobierne, sino de qué clase esté en el poder 


Por eso exigimos:
  • STOP Privatización: Derogación de la ley 15/97 (sanidad) y todas las normas autonómicas que la desarrollan. Vuelta a manos públicas de los centros privatizados.
  • Supresión paulatina de los conciertos educativos y sanitarios, aumentando paralelamente las plantillas y los centros públicos, para garantizar la cobertura de toda la demanda desde el ámbito publico.
  • No a la venta del patrimonio sanitario de  la SS (hospitales, centros de salud). No a la  cesión de suelo público a las empresas privadas.
  • No al Copago/Repago, en sanidad, educación, o justicia.
  • No a la desgravación fiscal, ni de los seguros privados sanitarios, ni de la enseñanza privada o concertada (sólo la deducción por escolaridad en centros privados supuso un regalo fiscal a la rentas altas de 90 millones de €, dinero que se deja de ingresar).
  • No a las instrucciones de inicio de curso 2011/2012. No al Bachillerato de Excelencia. No a las contratas y subcontratas en educación. Fuera los bancos de la educación pública. No a la Fundación Empieza por Educar (Banco Santander). No a los más de 3.000 despedidos de profesores de la ESO
  • No a la implantación del espacio europeo de educación superior, eliminación de las becas-préstamo, así como de todas las reformas contenidas en la Estrategia Universidad 2015.
  • Incremento del gasto sanitario público (2 puntos por debajo del promedio de la UE-15). Subida en educación hasta el 6% del PIB.
  • Por un Pacto que excluya el ánimo de lucro en todos los servicios públicos.
  • No a topes constitucionales en el gasto social público.



Fuera el negocio de nuestr@s Servicios Públicos: ni despidos, ni cierres de centros, ni recortes.

Que no te engañen con el pretexto de la crisis.
Manifestación 18 de septiembre, 19 horas, Cibeles-Sol
NO A LA PRIVATIZACION DE LA SANIDAD, LA EDUCACION y DEL RESTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS


Helbide honetan argitaratua: