Tolosaldea osasun publikoaren alde: El declive de Osakidetza: la Sanidad pública vasca pasa de joya de la corona a gran agujero de la gestión del PNV

El estado de salud del Servicio Vasco de Salud se ha convertido en el centro de la campaña electoral después de la pandemia y de que se anunciara un “cambio cultural” que implicaba ir más lejos para ser atendido y consultas que no siempre iban a tener médico

Escaleras en el hospital de Cruces, en Barakaldo IREKIA

Iker Rioja Andueza (eldiario.es)

José lleva años trabajando con mayores en Vitoria. Conoce bien las costuras de la Sanidad pública y de los servicios sociales. “Veo cada vez más desesperanza”, explica preguntado por el estado de salud de Osakidetza, una de las principales preocupaciones ciudadanas y uno de los temas centrales de la campaña electoral. La joya de la corona de Euskadi -aunque el título se lo ha disputado también la Ertzaintza, sumida en su propia crisis- ya no brilla tanto. ¿En el ambulatorio? “Antes, de un día para otro tenías consulta. Ahora, eso es irreal”. ¿En Urgencias? “A cualquiera que preguntes te dirá que ha estado doce horas. O dieciséis”. ¿En los hospitales? “Las consultas son cada vez más prolongadas en el tiempo y las personas mayores tienen que pelearse para que les dejen ingresadas”. “De lo que fue Osakidetza a lo que es... A un amigo, de 55 años, su hermano le ha recomendado que se haga ya un seguro privado”, apostilla José.

El PNV tiene en claro riesgo su hegemonía política en Euskadi y el desgaste por la gestión sanitaria es un factor muy relevante en este posible cambio político de calado. Tan es así que el sucesor de Iñigo Urkullu, Imanol Pradales, está prometiendo en campaña enmendar algunas decisiones de la actual consejera de Salud de su mismo partido, Gotzone Sagardui, a la que no le queda más remedio que aplaudir sentada en la primera fila de los mítines.

La legislatura que ahora acaba ha dejado los siguientes titulares. En algunos turnos han salido ambulancias medicalizadas sin médicos. En el hospital del Bidasoa ha habido servicio de Urología sin urólogos. La comarca de Tolosa no tiene hospital público de referencia. Las matronas del hospital más grande de la red de Osakidetza, Cruces en Barakaldo, han pedido disculpas por la deficitaria atención a causa de la falta de personal. En períodos vacacionales o Navidad cada vez se reduce el horario de más ambulatorios y hay consultorios exclusivamente atendidos por personal de enfermería. En Llodio, este enero, falleció un paciente de un infarto en el PAC (Punto de Atención Continuada) sin médico. Los tribunales paralizaron el cierre del servicio de cirugía cardíaca de Basurto, en Bilbao. En Vitoria se han cerrado las Urgencias generales del hospital del centro de la ciudad, el de Santiago, y el nuevo servicio de Txagorritxu empeora los tiempos de respuesta del antiguo: un paciente que acude a Urgencias en la Sanidad pública vasca a las 20.00 horas terminará de ser atendido, por término medio, a las 00.13 horas. Y eso en las ciudades o grandes municipios.

Y, aunque parezca un recuerdo lejano, hasta bien entrada la legislatura estuvo vigente la emergencia sanitaria por la COVID-19. En Euskadi pilotó la crisis una mesa de crisis conocida como Labi. Son recordados los enfrentamientos del Gobierno de Urkullu con la Justicia y, en particular, con el magistrado Luis Garrido, autor de numerosas resoluciones que frenaron los planes y las restricciones propuestas. Hubo vaivenes en las medidas planteadas -con el pasaporte COVID como ejemplo más claro- y también retrasos en la campaña de vacunación con respecto a otras comunidades al tiempo que dos exconcejales del PNV y gerentes sanitarios se colaron a las primeras de cambio, José Luis Sabas y Eduardo Maíz. Uno de ellos incluso lo grabó en vídeo. Otro alto cargo de Salud, Ibon Etxebarria, fue destituido por saltarse las restricciones para ir a jugar al golf. Ahora se ha conocido que ha pasado a ser el nuevo gerente de la principal adjudicataria del servicio de ambulancias, que ha vivido unos años convulsos de movilizaciones laborales.

Antes, en 2018, estalló el caso de las denuncias de filtraciones en los exámenes de una docena de oposiciones médicas. El asunto, como tal, está en vía muerta en los tribunales pero se llevó por delante al entonces consejero, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica -que llegó a contar con la colaboración de agentes afines de la Ertzaintza para evitar a los periodistas cuando declaró en el juzgado-, o el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. Osakidetza no entregó de primeras a la Fiscalía unas grabaciones en la que numerosas personas hablaban de “tongo” o “pucherazo” y que era un problema que se repetía convocatoria tras convocatoria.

Dos especialistas del hospital de Santiago, en Vitoria, que se sintieron perjudicados por lo ocurrido en las pruebas de Angiología y Cirugía Vascular, fueron víctimas de represalias por levantar la voz. Osakidetza tendrá que abonarles ahora 61.181 euros como indemnización (a cada uno) pero el asunto ha destapado que estos dos especialistas, de los únicos que hacían algunas intervenciones complejas y muy específicas, ahora ya no trabajan en la Sanidad pública y que sus responsables prefirieron incluso tener a pacientes esperando durante un año -o derivarlos a otros hospitales- antes de que los atendieran estos facultativos. Darpón y dos de sus colaboradoras en el Gobierno, Fátima Ansotegi y Mayte Bacigalupe, acabaron en la compañía sanitaria Keralty. Detrás de esta empresa, la antigua Sanitas Internacional, está la familia Grajales -vinculada al PNV- y también el exconsejero y exvicelehendakari Jon Azua.

¿Y las listas de espera? Osakidetza lleva cuatro años sin publicar los datos en su portal de transparencia. Es fácilmente comprobable y es algo que no sucede en ninguna comunidad autónoma del entorno. Si han ido conociendo datos en esta legislatura ha sido por la oposición, que lo ha preguntado en el Parlamento Vasco. Particularmente activa ha sido la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, con cientos de preguntas registradas y un control periódico de la evolución de las tres listas de espera, la quirúrgica, la de consultas especializadas y la de pruebas diagnósticas. El tapón que generó la COVID-19 -que ha dejado casi 9.000 fallecidos en Euskadi y la mayor presión asistencial de la historia de la Sanidad vasca- ya se ha ido relajando en los últimos meses, pero los datos siguen sin ser los de 2019, al menos los que se conocen. En ese mismo portal de transparencia, los datos más recientes de satisfacción o quejas son de 2017. Las segundas fueron del orden de 30.000 hace siete años cuando ahora superan ya las 50.000, también según datos enviados al Parlamento a instancias de la oposición.