2011-10-30

EZTABAIDARAKO - Para el debate

Osasun eta Kontsumoko sailburuaren agerraldia, berak eskatuta, Tolosaldeko osasun arreta hobetzeko eta berrantolatzeko plana azaltzeko. Eta Osasun eta Kontsumoko sailburuaren agerraldia, Bakartxo Tejeria Otermin EAJko legebiltzarkideak egindako eskaerari jarraituz batzordeak eskatuta, Tolosaldeko osasun-laguntzaren berrantolaketari buruzko argibideak eman ditzan.



Esteka hau debatea irekitzeko jarri dugu, Tolosaldeko bizilagunak informatuta egoteko eta nahi duenak informazio hori osatzeko.

Azpijoko gehiago onartuko al ditugu?
A20ean ZUK ERABAKITZEN DUZU, BOZKA ARDURATSU.

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Comparecencia del consejero de Sanidad y Consumo, a petición propia, para exponer el plan de mejora y reorganización de la asistencia sanitaria en Tolosaldea. Y Comparecencia del consejero de Sanidad y Consumo, a petición de la comisión, de conformidad con la solicitud formulada por Bakartxo Tejeria Otermin, parlamentaria del PNV, para informar sobre la reordenación sanitaria en la comarca de Tolosaldea.

AQUÍ VIDEO

Hemos colocado este enlace para que los vecinos estén informados, para que pueda servir de debate y para que el que quiera complemente la información. 
¿Permitiremos que nos sigan realizando más y más jugarretas?
El 20N TU DECIDES, VOTO RESPONSABLE.

2011-10-27

El ataque a la salud, en los umbrales del delito

Carlos Jiménez Villarejo


La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.
La crisis acentúa la desigualdad social y favorece toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza
Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".
Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.
Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.
Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.
Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.
La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.

Helbide honetan argitaratua: http://www.mats-madrid.com/?p=14081

2011-10-19

GASTEIZ 2001-10-19

TOPA eta Santiago ospital publikoaren aldeko plataforma kideek, gasteizko parlamentu aurrean egin duten kontzentrazioa.




Concentración de miembros de TOPA junto a los de la Plataforma en defensa del Hospital General Santiago, realizada ante el parlamento de Gasteiz.


TOPAko ordezkariak Osasun eta Kontsumo Batzordean
Representantes de TOPA en la Comisión de Sanidad y Consumo


2011-10-18

GIPUZKOAKO HITZAN ARGITARATUA


Hemen duzue gipuzkoako hitzak joan zen ostiralean, urriak 14, "Osasun Sailaren eta Asuncionen arteko hitzarmena, kezka iturri” izenburupean kaleratu zuen artikulua.

Hemen irakurri daiteke artikulu hau: ARTIKULUA


2011-10-12

ANTZEKOTASUNAK - PARECIDOS

Tolosaldeko errealitarearekin duen antzekotasuna, kointzidentzia hutsa ote?
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Cualquier parecido con la realidad de Tolosaldea ¿es pura coincidencia?


A D. Paulino Rivero, Presidente de Canarias, desde la indignación
Con la salud no se juega

Manuel Marrero Morales
Rebelión (12-10-2011)

Determinadas circunstancias familiares y personales me han tenido en contacto durante las últimas fechas con las instituciones públicas responsables de la salud de la ciudadanía. Y me ha servido para profundizar en los derechos y los deberes de los usuarios del sistema. Pues bien, si queremos ser críticos, participativos y que no se nos atropelle, debemos conocer nuestros derechos y exigir con firmeza el cumplimiento de los mismos.

Recientemente viví la situación de seis días en urgencias del Hospital Virgen de la Candelaria, con una persona querida a la que se pretendió derivar hacia la medicina concertada y a lo que la familia se negó rotundamente. Durante cuatro días intentamos que nos atendiera la dirección médica del centro: el vuelva usted mañana o el ya lo llamaremos fue la respuesta obtenida. Mientras esto nos ocurría, y se nos pretendía reiteradamente derivar hacia el negocio privado de la salud, en dicho centro hospitalario había 300 camas bloqueadas, no ofertadas a las personas enfermas, para dirigir a la mayoría hacia dicho negocio. Por tanto no era la causa una razón económica, ni tampoco que estuvieran repletos los centros públicos. Era una razón más perversa, de la que hemos sido sufridores.

Desde hace varias décadas, opté por los servicios de la Seguridad Social, por razones ideológicas, porque defiendo como usuario el servicio público de la sanidad; y esta decisión la tomé, habiendo tenido opción a inscribirme en la medicina privada, a través de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, a la que me obligaron a pertenecer.

Sin embargo, en los últimos años he observado y padecido cómo se va produciendo el progresivo e intencionado abandono y deterioro de la sanidad pública, en detrimento de los sectores más desfavorecidos, mientras se prima y se deriva a los pacientes hacia el negocio privado de la salud. Como ejemplos, valgan el cierre de plantas en el Hospital Universitario de Canarias o el bloqueo actual de 300 camas en el complejo hospitalario Virgen de La Candelaria, ambos pertenecientes al Servicio Canario de Salud. Mientras, cualquier intervención quirúrgica, servicio de consulta externa u hospitalización son derivadas por los propios trabajadores públicos, -cumpliendo órdenes del Gobierno Canario- hacia los centros concertados privados, que cada día crecen más con dinero público, haciendo negocio con la salud de las personas, y en muchos de los cuales prestan sus servicios, como pluriempleados, algunos de los mismos que nos derivan. La prueba evidente, y lo digo con conocimiento de causa, está en que cuando te ha recibido el cirujano en su consulta pública para operarte, por ejemplo, de una hernia umbilical no urgente, te deriva a la clínica privada en la que él trabaja en horario de tarde, mientras en los centros públicos están los quirófanos inactivos, las plantas cerradas y las camas bloqueadas. ¡Qué desvergüenza!

La decisión de "enfermo derivable" hacia los centros concertados se toma con una facilidad pasmosa en las urgencias y consultas de los centros públicos. Se nos está obligando, en muchos casos, contra nuestra voluntad a formar parte del negocio privado de la salud cuando hemos elegido o tenemos asignado un servicio público. Ante estas situaciones nos tenemos que plantar y negarnos. Y a ver hasta dónde llega el chantaje y la obligatoriedad.

Nuestras autoridades hacen propaganda continuamente, a bombo y platillo, diciéndonos que se han acortado o eliminado las listas de espera. Y a algunos de ellos incluso los vemos en alguna ocasión usando dichos servicios, eso sí por circuitos preferentes y de privilegio, y con luz y taquígrafos (cámaras de televisión, en este caso), como puro ejercicio propagandístico. Ellos nunca se pasarán seis días en urgencias con un familiar, por negarse al chantaje de ser desviado hacia la medicina concertada. Pues bien, para el común de los ciudadanos, la simple asistencia a un neumólogo puede aplazarse hasta 9 meses, o el inicio de una rehabilitación muscular para reincorporarte a tu puesto de trabajo puede tener una previsión de seis meses de espera, en el mejor de los casos. Situaciones como ésta, ni hay personas ni hay país que lo resistan, tanto desde el punto de vista de la salud personal como desde el de la economía y eficiencia colectivas, tan demandadas en estos tiempos de crisis.

Necesariamente, uno tiene que concluir que los gobiernos elegidos por la ciudadanía para gestionar lo público no creen en ello, traicionando a quienes los votaron, ya que o bien colocan al frente de la gestión sanitaria a personas no adecuadas para llevarla adelante con éxito o bien deciden claras medidas de deterioro de lo público y fomento del negocio privado, o incluso la conjunción de ambas hipótesis, que, en definitiva, nos perjudican a los usuarios y sirven para seguir incrementando el desvío, hacia el negocio privado de la salud, de fondos públicos, que debieran estar destinados a servicios públicos esenciales.

Además, resulta inconcebible que, en tiempos de crisis, y desde una concepción meramente economicista, se recorte el gasto público en servicios esenciales para las personas y, de manera especial, para los sectores más desfavorecidos, como ocurre con la sanidad. Hasta la ONU ha puesto estos días el grito en el cielo sobre este asunto.

Tenemos derecho a ser atendidos en un centro público, y mucho más cuando hay plantas cerradas o centenares de camas bloqueadas. Tenemos derecho a ser atendidos con prontitud cuando estamos enfermos y a no estar condenados a acudir a una consulta privada, que hemos de costear, si podemos. Estamos pagando doblemente por un mismo servicio, por el que no se nos da y por el que usamos obligados por las circunstancias. Tenemos derecho a ser atendidos en un centro público y no tenemos obligación alguna de acudir a un centro concertado, si ese es nuestro deseo. No estamos pidiendo favores ni nos están concediendo favor alguno cuando nos atienden debidamente y en un centro público. Es nuestro derecho y su obligación.

Tenemos que hacer valer nuestros derechos frente a los privatizadores y destructores de los servicios públicos. No podemos resignarnos a que las cosas sigan empeorando. Con la salud no se juega.

Helbide honetan argitaratua:

2011-10-06

Soy un gasto público


Hemen dugu Isaac Rosa idazleak utzi digun artkulua. Madrilen gertatutakoa da hau, baina... hau ote Tolosaldera datorkiguna? 


Soy un gasto público
(por Isaac Rosa) 27 sep 2011

La semana pasada, y les prometo que fue sin querer, me convertí en gasto público. Algo que hoy equivale a decir que eres un peligro público. Entré en un hospital para un asunto menor y acabé recorriendo varias plantas durante una semana. Me convertí en gasto público desatado, un arañazo en los presupuestos, varias milésimas más de déficit.

No me dieron la factura “en la sombra” ésa que ya reparten en algunos sitios, pero si me hubieran echado la cuenta sería cuantiosa, pues fue una semana de barra libre, atención médica a todo trapo, entre pruebas diagnósticas (con esas máquinas carísimas), estancia (a pensión completa, imagínense), tratamientos y tantos trabajadores pendientes de mí (y para colmo eran muy atentos, incluso cariñosos, en vez de limitarse a cumplir con lo mínimo, que el tiempo es oro). Tumbado en la cama, imaginaba que me colocaban sobre el cabecero un contador digital que sumase euros a medida que pasaban las horas.

Y en esto que, mientras estoy ingresado, oigo que Esperanza Aguirre inaugura en Torrejón un hospital 100% privado (“de titularidad pública”; qué consuelo cuando hasta el personal médico está en manos de una empresa). Y mientras recorre las instalaciones, Aguirre ve en cada habitación un juego de sábanas para la cama del acompañante, y exclama eufórica: “Eso es lo que quiero. Que en las públicas la gente esté igual que en las clínicas privadas.”

Me contuve la carcajada no fuera a ser que se me soltasen los puntos y acabase generando más gasto. Aunque en realidad es para llorar. Aguirre quiere (y lo está haciendo ya en los nuevos centros) que los pacientes estemos en manos de empresas cuya prioridad, por mucha propaganda corporativa que hagan, nunca será nuestra salud sino ganar dinero. Que estemos al cuidado de médicos sometidos a presiones laborales, como ya ocurre en algunos centros. Que nos curemos en hospitales donde la factura no quede en la sombra, sino en la mesa de un contable preocupado por gastar menos para ganar más.

Yo lo tengo claro: el trabajo impresionante del personal sanitario (y aprovecho para dar las gracias de corazón a todos los de Vascular, Cardiología y UCI Coronaria del Ramón y Cajal), que mantiene el tipo entre presiones y recortes, hace que vea el deseo de Aguirre como una amenaza, y los tijeretazos presentes y futuros como una declaración de guerra.

Helbide honetan argitaratua: