26 agosto 2014 attac.es
Entrevista
José Ramón Mariño es miembro de ATTAC-Bizkaia
Natalia González de Uriarte / Vitoria-Gasteiz – El diario Norte
José Ramón Mariño es miembro de ATTAC-Bizkaia
Natalia González de Uriarte / Vitoria-Gasteiz – El diario Norte
José Ramón Mariño es economista y miembro de ATTAC, una organización civil independiente trata de influir democráticamente con sus aportaciones en los movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. El colectivo presentará a partir de septiembre en los ayuntamientos mociones para lograr la paralización de las negociaciones entre EEUU y Europa sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión y declarar los municipios insumisos y opuestos al TTIP. El economista considera que de aprobarse esa alianza serán muchos los perjuicios para los ciudadanos. “Lo que plantea es una verdadera amenaza a la democracia”, advierte. Mariño cree que la aplicación de este convenio desembocará en “la privatización de los servicios públicos como el agua, la sanidad o la educación” además de desempleo . Desde el movimiento ATTAC pretenden trasladar a la ciudadanía los peligros de este tratado a través de la información, difusión y la movilización. “Será uno de los primeros pasos para poder influir en los decisores de los Estados de la Unión Europea y paralizar este proceso de negociación”.
¿Por qué se hace un tratado de libre comercio si se supone que las barreras arancelarias entre EEUU y Europa no son elevadas?
Los grupos empresariales de ambos lados del océano llevan años soñando con un acuerdo entre ambos y han defendido de forma sistemática una idea de acuerdo de amplio alcance. Desde el Dialogo Empresarial Transatlántico del año 1995, la creación del Consejo Económico Transatlántico de 2007 al TTIP actual, es todo un proceso y en palabras del Jefe negociador de la UE el momento del acuerdo es el adecuado por las condiciones económicas y políticas. Y efectivamente los aranceles son tan bajos que apenas pueden reducirse ya, pero los funcionarios negociadores de ambos lados reconocen que el verdadero y principal objetivo es eliminar las barreras reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones trasnacionales en ambos mercados. Y ellos llaman “barreras” a algunas de nuestras normas sociales y regulaciones ambientales más preciadas, como los derechos laborales, los reglamentos de sustancias químicas tóxicas, la seguridad alimentaria, etc
¿A qué niveles puede llegar a afectar? ¿Lo va a notar el ciudadano de a pie?
El ciudadano lo acabará notando en infinidad de facetas de su vida cotidiana. Por ejemplo, en Europa funciona el principio de cautela, es decir hay que demostrar que una sustancia química es segura antes de usarla, mientras que en EEUU este principio no se aplica. Las normas de seguridad alimentaria en Europa son más estrictas y frenan las importaciones de alimentos transgénicos, alimentos tratados con pesticidas, hormonas, cloro, etc que los EEUU sí permiten. Europa ve con recelo el fracking y EEUU no. Inmersos en la crisis derivada de la economía financiera, se pretende rebajar las regulaciones al efecto. No habrá frenos a la privatización de los servicios públicos: agua, sanidad, educación, etc Y muchos aspectos más. Nos afectará notablemente en el día a día.
Los reacios a este convenio afirman que peligra el empleo, ¿en qué se basan para asegurarlo?
La propia Comisión Europea ha admitido que es probable que el tratado provoque perjuicios prolongados y considerables para los trabajadores europeos, pues el incremento comercial con EEUU tendrá un shock inicial en los sectores industriales más afectados que obligará a una reestructuración. Hablamos de productores de carne, fertilizantes, azúcar, metal, madera, papel, etc. Los ajustes que serán necesarios llevan asociados unos costes que deberán afrontar. Y aunque algunos sectores aumenten la empleabilidad, la transferencia no es automática, se precisará formación y ello implica de nuevo costes y medidas preventivas, que de entrada no se contemplan en el tratado. La experiencia del tratado EEUU, Méjico y Canadá no es nada halagüeña al respecto. Por no citar la posible pérdida de derechos laborales, no debemos olvidar que EEUU no ratifica convenciones de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con libertad sindical, negociación colectiva, etc.
Pero según la Comisión Europea, el acuerdo supondría unos beneficios anuales de 119.000 millones de euros, es decir 545 euros por hogar y nuestro país sería el cuarto beneficiado en creación de empleo y riqueza. Desde Attac insisten en rebatir estas afirmaciones, ¿por qué?
Estos datos son los de un estudio encargado por la Comisión Europea que suscita muchas dudas sobre su metodología, y sobre el modelo econométrico utilizado por introducir hipótesis poco realistas y no ajustarse a la realidad global económica. Además el trasvase de las ganancias empresariales a las ganancias familiares no se sigue de manera lógica. En España las grandes empresas aumentan sus beneficios, mientras que las rentas familiares menguan. La propia CEE concluye que el crecimiento esperado sería del 0,1% y el ritmo de crecimiento del 0,01%, que realmente es trivial si lo comparamos con los riesgos socioeconómicos y medioambientales que supone. De todas formas sería muy conveniente un debate abierto sobre la fiabilidad de las predicciones, sobre si los supuestos beneficios recaerán sobre la población, sobre los impactos territoriales y familiares de la implantación del TTIP.
Entre las consecuencias que pronostican señalan que las grandes empresas se van a situar por encima de los estados. Eso, a ciertos niveles, ya sucede ¿Se podría agudizar de entrar en vigor el tratado?
Efectivamente las grandes empresas tienen una gran capacidad de lobby y su influencia es evidente. Pero lo que el tratado plantea es una verdadera amenaza a la democracia, pues establece la posibilidad de que las corporaciones transnacionales demanden directamente a los países por pérdidas en sus áreas de competencia, derivadas de decisiones de política pública, es decir se otorga a las corporaciones el poder de cuestionar las decisiones democráticas tomadas por los estados soberanos y de pedir indemnizaciones cuando estas decisiones afecten a sus beneficios. Y esta disposición para la resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS) se articula a través de tribunales de arbitraje que no dejan de ser tribunales irregulares, pues no son jueces con autoridad pública. Como si no hubiese confianza en los sistemas de justicia nacionales.
“La capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una ilusión, pero sentimos que el éxito cada vez mayor de los movimientos de oposición al TTIP está surtiendo efectos”
El ciudadano que vive ajeno a estas negociaciones. ¿Por qué un asunto de esta índole no trasciende cuando, según apuntan, afectará en la vida cotidiana de todos?
Todo el proceso está siendo opaco, por voluntad de los negociadores. Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentarios nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la comisión. Y los pocos fragmentos que han sido publicados o filtrados han generado considerable inquietud. Se está tratando con mucho celo el acceso a la información, hasta el punto de que hace unos meses se citó a los representantes de los estados miembros para enseñarles cómo controlar y coordinar la comunicación referente al TTIP. Una reciente sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea del 3 de Julio sobre la obligación de permitir el acceso a la documentación de una negociación internacional es un atisbo de esperanza respecto a que podamos conocer todo lo que se negocia. Veremos.
Entonces, a parte del derecho a la protesta, ¿qué alternativa le queda al ciudadano para frenar las negociaciones que se llevan al margen incluso de las cámaras parlamentarias?
Bueno, el esfuerzo que hacemos de información, difusión, etc desde algunos movimientos como ATTAC Bizkaia pretende el conocimiento de la ciudadanía y que esta invite a los políticos, diputados europeos y gobiernos a manifestar su voluntad al respecto y se opongan al proyecto. En principio el Tratado debe validarse por los estados miembros, luego por el Parlamento europeo y posteriormente por los parlamentos nacionales. Y en todas esas instancias la capacidad de acción ciudadana existe. Y quizás sea una ilusión, pero sentimos que el éxito cada vez mayor de los movimientos de oposición al TTIP está surtiendo efectos.
Las plataformas contrarias a la alianza preparan mociones en Ayuntamientos pero estas desaprobaciones no harán temblar a los poderosos EEUU. ¿Qué esperan conseguir?
Efectivamente tenemos en marcha iniciativas de carácter municipal y la constitución de una plataforma de Noalttip que presentaremos en septiembre, y también está en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea que apoyamos. Nuestra pretensión en simple, y es la de trasladar al conjunto de la ciudadanía los peligros de este tratado, con todo lo que conlleva. Y a través de la información, difusión y la movilización influir en los decisores de los Estados de la Unión Europea y paralizar este proceso de negociación.
¿Cuál es el posicionamiento del actual Gobierno de España?
El Gobierno de España está totalmente a favor del tratado, como no podía ser de otra forma conociendo su programa económico, social y medioambiental, que representa claramente los intereses de la economía capitalista neoliberal.
¿Y el resto de la UE?
En general parecen bastante favorables al acuerdo, con muchos matices y dudas concretas según de que país se trate, con contestación social creciente y conocimiento ciudadano cada vez mayor. Iremos viendo a futuro si hay o no cambios de criterio.
más INFO
Publicado en eldiarionorte.es
Apuntes a tener en cuenta sobre el TTIP en el apartado sanidad
ResponderEliminarEl Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas en inglés), tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, está pasando bastante desapercibido por el debate público a pesar de que su negociación se encuentra en una fase bastante avanzada y que las consecuencias de su aplicación -con independencia de que se esté a favor o en contra de dicho acuerdo- serán profundas y variadas.
Los objetivos de todo gran tratado de libre comercio suelen dividirse, a grandes rasgos, en dos: 1) disminución de las barreras arancelarias al intercambio de bienes y servicios y 2) homogeneización (a la baja) de la regulación relativa a la circulación de bienes y servicios. En lo relacionado con la sanidad, la regulación presente en la Unión Europea es notablemente más estricta que la vigente en los Estados Unidos, de modo que el TTIP presumiblemente afectaría relajando (“flexibilizando”) la legislación en múltiples ámbitos, tales como la protección de la salud –controles sanitarios de alimentos, medicamentos,…-, el ejercicio de las profesiones sanitarias o la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios.
Los efectos que el TTIP puede tener en el sector sanitario son, principalmente, dos, se apuntan en este artículo http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/TTIP-amenaza-sistemas-sanitarios-publicos_0_283471927.html :
ResponderEliminar1) Incrementar la apertura y facilidades para que empresas aseguradoras de los Estados Unidos puedan implantarse en los países miembros de la Unión Europea, dotando sus inversiones de una mayor seguridad jurídica y disminuyendo la soberanía en la gestión de ciertos sectores por parte de los países de la Unión. 2) Blindar los procesos de liberalización y privatización emprendidos en los últimos años en los países de nuestro entorno. Afirmar que estos serán los efectos del TTIP no es un ejercicio de adivinación, sino la consecuencia directa de observar quiénes han sido los que han diseñado e interferido en la redacción de sus medidas. Como se puede ver en la web de Corporate Europe Observatory, el 92% de las reuniones de la Comisión Europea fueron con lobbies empresariales privados, y solo el 4% con representantes de los intereses públicos; además, las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran en el top 10 de las que más presión han ejercido durante la redacción del TTIP.
El TTIP puede ser una de esas medidas que McKee y Stuckler ( Mckee 2011) señalaban como claves para destruir la universalidad de los servicios públicos, estando ausente del debate público y siendo complicado adelantar los efectos que tendrá en el medio plazo.
A mi este tema del TTIP me suena a otros "Cuentos de la lechera" que nos han venido contando últimamente: los beneficios de la Globalización asi como los que nos iban a proveer la Entrada en la UE.
ResponderEliminarAl mortal de a pie que los haya obtenido mis felicitaciones, lo que hemos sufrido la mayoría han sido : peores condiciones laborales, perdidas de empleo, deslocalizaciones, precariedad,etc, etc.
A los que les ha ido muy bien han sido a las multinacionales y grandes grupos, pero para la mayoría han sido perdidas de calidad de vida.
El TTIP va en la misma linea.
Se nos está vendiendo a la ciudadanía que el TTIP servirá para mejorar el crecimiento económico, prediciendo un aumento del hasta el 1% del PIB, así como la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, o el aumento de la renta per cápita a largo plazo. Lo más curioso de todo es que, en el alarde de proclamar ventajas, se señala una y otra vez que el “mejor escenario” posible será no sólo la eliminación de las barreras arancelarias (que entre EEUU y la UE no son muy significativas), sino, lo que es más importante, la eliminación de las barreras “no arancelarias”, es decir, las que tiene que ver con normativas legales y legislaciones.
ResponderEliminarLA REALIDAD:
La Comisión Europea llevó a cabo su propio estudio sobre el impacto del TTIP y concluyó que el crecimiento esperado en la región (UE) sería del 0.1%, y el ritmo del crecimiento en un periodo de 10 años, del 0,01% del PIB, lo que es absolutamente trivial si lo comparamos con los riesgos socio-económicos y medioambientales que puede traer como resultado.
Además¿ quienes serían los que se apropiarían de ese incremento del PIB?: la población en general o las grandes multinacionales y empresas.
LAS CONSECUENCIAS PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN:
El incremento de la competencia entre EEUU y la UE por la liberalización comercial podría desatar un proceso de reestructuración productiva que llevaría a la pérdida de puestos de trabajo. Esta competición añadida incrementaría el desequilibrio ya existente entre la Europa del centro y la Europa periférica.
Respecto a las Barreras no Arancelarias, verdadero "chocolate del loro":
ResponderEliminarLa aludida eliminación de barreras no arancelarias, demandada como necesaria y beneficiosa, es llamada eufemísticamente armonización de las regulaciones y normas a ambos lados del Atlántico. “Armonización” que sólo puede llevar a una mayor liberalización si se hace por el mínimo común denominador, es decir, rebajando los estándares europeos y americanos (que ya difieren prácticamente en todo), para que la profundización en el libre comercio se lleve a cabo debilitando las regulaciones.
Este acuerdo, como vamos a ver, va más allá de simplemente eliminar los aranceles y abrir los mercados a los inversores de cada mercado; las negociaciones se están centrando en eliminar las mismas regulaciones que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, ya que se interponen en el camino de los beneficios corporativos (que implican movimiento libre de su capital, bienes y trabajo).
Y en el apartado SALUD.
ResponderEliminarLA SALUD EN MANOS DE LOS GRANDES INVERSORES
Ya estamos comprobando cómo en Europa (en nuestro país es evidente) la crisis financiera y las políticas de austeridad han puesto en riesgo el derecho a una sanidad pública asequible y de calidad. En este marco el TTIP sólo contribuiría a empeorar más esta situación, puesto que la armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico se harían a la baja, degradando las más exigentes.
La competición transatlántica entre corporaciones y el reforzamiento de las leyes sobre patentes incrementarían los precios de las medicinas y los servicios de salud, haciéndolos menos asequibles al público.
No REACHEn la Unión Europea, en base al Principio de Precaución, se exige hacer pruebas científicas de los productos antes de ser comercializados. También disponemos desde 2008 de la ley REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos) que permite a la Agencia Europea de Químicos poner restricciones sobre cómo se producen los productos químicos, cómo son vendidos y usados para proteger la salud pública y el medio ambiente. En EEUU, las normas sobre los productos químicos son más débiles y ofrecen poco margen de maniobra a su Agencia de Protección Medioambiental (EPA). Este acuerdo podría degradar la regulación europea y abrir el camino al flujo de químicos potencialmente peligrosos y sin testar de EEUU a la UE (todavía se comercializan en EEUU unos 30.000 productos químicos asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad masculina, diabetes y obesidad).
Otro aspecto preocupante es la intención de abrir con el TTIP la contratación pública de servicios de salud a la competición extranjera. Las grandes compañías y corporaciones, buscando la expansión de sus actividades a través de las fronteras, relegarían a las empresas sociales o a las nacionales, en un momento en el cual sería necesario promover el desarrollo local y el empleo a través de la contratación de empresas nacionales como medida para hacer frente a la crisis.
derechos de propiedad intelectualEl acuerdo TTIP no sólo ofrecería la venta de nuestros servicios públicos a inversores transatlánticos, si no que merced a los Derechos de Propiedad Intelectual, alargaría la duración de las patentes, provocando una disminución del derecho de los pacientes a adquirir medicinas a un precio razonable. En un momento en el que las demandas fiscales sobre los servicios públicos europeos se están incrementando, es necesario permitir la competición entre las farmacéuticas y que las patentes expiren para mantener los gastos farmacéuticos bajos.
Por último, las grandes farmacéuticas suelen hacer uso de las normas establecidas en este tipo de acuerdos de libre comercio para amenazar mediante demandas el sistema de patentes de los gobiernos, asegurándose una mayor protección del monopolio de sus patentes. Ambas prácticas –demandar a los estados y el monopolio de patentes- incrementan el coste de los productos farmacéuticos a consumidores y gobiernos.