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Feijóo aprueba en pleno puente la reforma de la Sanidad que traerá más recortes y desigualdad

La oposición y las asociaciones de defensa de la sanidad pública advierten de que la nueva ley, contra la que se han manifestado miles de gallegos, discriminará a los pacientes de las áreas rurales y promoverá el negocio de la medicina privada

JUAN OLIVER   público.es

Manifestación en Santiago de Compostela en defensa de la sanidad pública. EFE

El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves, en pleno puente de la Constitución, la polémica reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo. Según la oposición al Partido Popular y los colectivos de defensa de la sanidad pública, que se han manifestado reiteradamente contra la reforma, la nueva normativa discriminará a los pacientes de las áreas rurales y más despobladas de la comunidad, cuyos hospitales pasarán en la práctica a tener una “menor categoría” que los de las grandes ciudades. También creen que rebajará la calidad asistencial, que permitirá asestar nuevos recortes a la inversión en salud y que promoverá y facilitará el proceso de privatizaciones.

Una de las principales novedades de la reforma de la ley de Salud es que se modifica el mapa de la administración sanitaria, que hasta ahora estaba diseñado en torno a las llamadas estructuras organizativas de gestión sanitaria (EOXI, en sus siglas en gallego) que agrupaban a las áreas sanitarias, distribuidas en torno a los hospitales urbanos y comarcales.

Cuando la ley sea aprobada por el Parlamento de Galicia, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se crearán catorce distritos sanitarios, donde la gestión de los hospitales comarcales dependerá de los centros ubicados en las grandes ciudades.

El presidente de la Xunta de Galicia,

Alberto Núñez Feijóo.

Según la Plataforma SOS Sanidade Pública, esa nueva distribución permitirá a la Xunta eliminar la atención especializada en numerosos servicios que ahora prestan los hospitales pequeños, trasladando pacientes a los grandes centros que ya se encuentran masificados o que están infrautilizados por los recortes, y que, ante su incapacidad para asumir esas derivaciones por falta de inversión, trasladan pacientes a los centros privados concertados. Ese proceso, además, hace recaer en los propios pacientes de las áreas más despobladas y envejecidas, que suelen estar entre los que más necesidades de atención sanitaria tienen, los costes de transporte a las áreas urbanas para optar a esos servicios, así como los derivados del desplazamiento y estancia de sus familiares y acompañantes.

Según denuncia En Marea, en hospitales como el de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, ya se han eliminado especialidades tan relevantes como la Cardiología y la Neurología, y se derivan pacientes a centros privados como el Quirón de Pontevedra mientras se mantiene cerrada seis meses al año una planta entera del centro público. En Burela, en el norte de Lugo, ya no se operan cataratas.

Y en muchos centros ni siquiera se cubren no ya las bajas por jubilaciones o traslados de profesionales sanitarios, sino también las causadas por enfermedad o incluso por libranzas y vacaciones, lo que obliga, de nuevo, a derivar enfermos a la medicina privada.

Según Luis Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, la reforma agravará esa situación porque, literalmente, hace que la sanidad pública sea la responsable de “prestar atención a las necesidades sociales” para centrarse en exclusiva “en la gestión de los recursos disponibles”.

Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, además, la reforma persigue otros objetivos: de un lado, “quitar poder e influencia a las comarcas y a sus hospitales de referencia para centrar todo el poder en determinados hospitales”, donde sus responsables lo serían también de la adjudicación de subcontratas.

Y en ese punto cabe recordar el proceso de purga en varias jefaturas de servicio de diversos hospitales que ha emprendido el Gobierno de Feijóo para ubicar en ellas a personas afines, y cuyos nombramientos han sido tumbados en los tribunales. O los informes del Consello de Contas de Galicia y las denuncias de Batas Blancas en torno a las irregularidades en las adjudicaciones y subcontratas del hospital de Pontevedra.

Vista del Hospital Xeral de Vigo. E.P

De otro lado, se trata de “poner los servicios más relevantes y con mayor capacidad de gasto de los grandes hospitales al servicio de la industria” farmacéutica, ya que la nueva ley les faculta para financiar la investigación de nuevas patentes con fondos públicos y en centros públicos, para luego registrarlas a nombre de esas empresas mediante la figura legal de la compra pública innovadora: “La Xunta compra con dinero público una innovación aún inexistente que las empresas se comprometen a intentar llevar a cabo. SI la operación no sale se reparten las pérdidas, pero si sale, la patente es para la industria”.

La asociación considera que la reforma “consolida el negocio de la industria privada con fondos sanitarios públicos mediante las nuevas figuras de contratación” y permite que las universidades y sus profesionales “estén al servicio de las multinacionales” de la industria farmacéutica.

La Xunta, sin embargo, niega la mayor y asegura que los ciudadanos no notarán cambios con la nueva distribución asistencial. De hecho, el propio Feijóo aseguró el jueves que su reforma “blinda” la prestación de servicios en todos los hospitales, así como su existencia, dado que “ningún Gobierno podrá disminuir o eliminar un hospital comarcal en Galicia si no es por ley y por autorización” del Parlamento.

Además, insistió en que la normativa beneficia a los profesionales sanitarios porque “por primera vez se autorizan concursos de traslados abiertos y permanentes” y se “facilita una mayor movilidad dentro de las áreas” asistenciales.

En los últimos meses, miles de personas han protestado en toda Galicia contra la nueva regulación sanitaria, con manifestaciones multitudinarias en la mayoría de hospitales comarcales. Consciente de los rechazos que suscita, la Xunta ha ajustado a un calendario en el que los pasos más importantes se han dado coincidiendo con las vacaciones. El PP la presentó en verano, y tuvo que ampliar el período de exposición pública ante las protestas del sector y las acusaciones de opacidad. Ahora, a falta del trámite parlamentario, la ha aprobado en medio del puente festivo más largo del año.

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