Las comunidades autónomas gobernadas por partidos de derecha están acometiendo una privatización sin precedentes de la Sanidad pública que sólo conseguirá que unos pocos se enriquezcan a costa de la salud de todos. Si quieres oponerte a esos planes, apoya esta carta abierta en defensa del derecho a una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal
publicado en PÚBLICO
Señor presidente,
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| Quiero apoyar esta carta abierta al presidente del Gobierno. |
El acelerado desmantelamiento del Estado del bienestar que se está ejecutando mediante la política económica de austeridad a ultranza tiene su capítulo más despiadado en la privatización de los servicios de Sanidad pública, puesto que está afectando a los sectores más indefensos de la sociedad: los enfermos, especialmente los crónicos; los jubilados y personas de la tercera edad en general; los niños que viven por debajo del umbral de la pobreza; las madres solteras y/o adolescentes; las familias con todos sus miembros en paro; los inmigrantes...
Para todos ellos, los recortes del gasto de Sanidad , que están preparando la privatización de esa prestación social, les supone una degradación considerable de su ya dramática situación en medio de esta gravísima crisis económica. Bajo la justificación de "garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público", las autoridades autonómicas de Madrid, Catalunya, Valencia, Castilla-La Mancha y otras comunidades han aplicado drásticas restricciones del derecho de atención universal y gratuita a todos los ciudadanos, excluyendo a los inmigrantes irregulares, estableciendo copagos farmacéuticos (ahora recurridos ante el Tribunal Constitucional, sin que se hayan devuelto las cantidades ya abonadas por los pacientes), adjudicando importantes servicios (como los de análisis clínicos) a empresas que actúan en función de su beneficio económico , cerrando centros de urgencia y entregando la gestión de centros médicos a las corporaciones sanitarias privadas.
Todo ello se pretende justificar con la supuesta superioridad de la gestión privada sobre la pública en cuanto a competitividad, rentabilidad y eficiencia. Pero en ningún caso se ha demostrado que la sanidad privada resulte ser más barata que la pública; todo lo contrario, tanto en España como en otros países (EEUU, Reino Unido , etc.) se ha comprobado que el servicio sanitario privado sólo es rentable cuando se derivan los pacientes graves y crónicos hacia una asistencia médica pública que asume los grandes gastos consiguientes. Y cuando las empresas privadas fracasan y se arruinan, entonces son también rescatadas a costa del erario público .
Lo único que es incontestable es que la privatización de la Sanidad acaba generando grandes ganancias a las empresas que reciben las concesiones (el caso estadounidense es paradigmático de cómo esa imposición ideológica ultraliberal le sale carísima al Estado), al tiempo que deja desatendidas a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Por tanto, el empeño de los políticos neoliberales en entregar la atención sanitaria a intereses privados sólo puede corresponder a la intención de que unos pocos se enriquezcan a costa de la salud de todos .
En consecuencia, los que apoyamos esta iniciativa reclamamos que, como máximo responsable del Gobierno de España, responda públicamente a la pregunta que se hacen todos los ciudadanos:
SEÑOR PRESIDENTE, QUEREMOS SABER:
¿QUIÉNES SON LOS QUE VAN A HACER NEGOCIO CON LA SANIDAD PÚBLICA?
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Interesante los resultados de los estudios recogidos por el dr Vicent Navarro en el articulo de Público que aparece al clickar en el artículo donde pone "empresas que actuan en función de su beneficio económmico": los profesores de política sanitaria David Himmelstein y Steffie Woolhandler, de la Harvard University, han calculado que el Gobierno federal podría haberse ahorrado 6.000 millones de dólares si hubiera contactado con los centros (fueran públicos o privados) sin afán de lucro en lugar de los con afán de lucro. Estos precios más elevados se deben a los salarios elevadísimos de sus directivos (el director de una de tales empresas, Columbia/HCA, en el momento de tener que dimitir por fraude fiscal, ingresaba diez millones de dólares de compensación más 324 millones en acciones de la empresa), y enormes costos administrativos (un 6% más altos que los sin afán de lucro) en parte como consecuencia de costes en marketing, relaciones públicas, gabinetes jurídicos y servicios de selección (y exclusión) de pacientes, entre otras actividades.
ResponderEliminarEn cambio, los gastos en personal sanitario eran menores, consecuencia de ahorrar personal en áreas que afectan a la calidad de los servicios, tales como servicios de enfermería y en tecnología médica. Como consecuencia, la mortalidad en los centros con afán de lucro era mayor que en los centros sin afán de lucro, datos corroborados en muchos otros estudios que han comparado tal mortalidad también en centros de diálisis y en casas de convalecencia.
He recogido de un comentario a este artículo unas ideas que me han parecido interesantes y que quiero compartir con vosotros:
ResponderEliminarEl concepto salud, y su satisfacción por el estado, constituye per se, una unidad de gasto. Su rentabilidad se mide por el grado de satisfacción obtenido por la consecución de dichos fines. La optimización de los recursos públicos destinados a satisfacer ese servicio público, es una cuestión obvia, de simple gestión eficaz.
No cabe hablar de rentabilidad de, por ejemplo, un hospital. Si se destinan 100 millones/año a dicha unidad de gasto, solamente se podrá hacerlo rentable detrayendo fondos del dinero destinado a los pacientes, desde realizar menos pruebas para confirmar o formar el criterio médico, que deviene en diagnóstico, o en aplicar la terapia menos costosa aun cuando no sea la mas eficaz, o en mermar la calidad del servicio, dotando de menos personal o deteriorando los menús, no renovando material de aparatos y no aplicando las ultimas tecnologías, o reduciendo la plantilla de las contratas de limpieza, o derivando los pacientes crónicos, viejos o de costoso tratamiento a un hospital de referencia(es decir transfiriendo costos a otro) o bien negando admisiones o acelerando altas. Este ahorro, que es, junto al no asumir el costo de la farmacia o de los traslados, son un claro y evidente deterioro de la calidad de la asistencia que se presta, que por el lado empresarial se traduce en "beneficios" y por el lado humano se traduce en muertos. Todo en virtud de esa extraña ley de que la gestión privada es más eficaz que la pública. Tal y como la gestión de la banca y las cajas de ahorro, de gestión privada nos demuestran, que en su loca carrera de financiar la especulación y el beneficio-pelozato, han derivado en el hundimiento total y el rescate con dinero público de esas entidades de derecho privado y regidas por criterios no menos privados en su iniciativa.