Privatizar la sanidad por la puerta de atrás

Gladys Martínez López

attac.es

Si a usted le dicen “unidad de gestión clínica” es probable que ni siquiera le suene. Y sin embargo, las UGC llevan implantándose en nuestro sistema sanitario desde hace más de una década, de manera progresiva… y sin hacer demasiado ruido. Si ha oído hablar de ellas por vía oficial, probablemente recordará palabras como “democratización”, “profesionalización”, “gestión de los servicios sanitarios por parte de los propios profesionales”. Pero hace años que los colectivos que luchan contra la privatización sanitaria denuncian que las UGC, implantadas en hospitales y centros de salud de varias comunidades y en vías de implantación acelerada en otras, son el caballo de Troya de la mercantilización del sistema sanitario, perfecto porque no levanta sospechas.

“Están introduciendo y preparando las UGC para el futuro porque mete menos ruido que pasarle un hospital a Florentino Pérez y se puede vender como una democratización de la gestión en la que participan los profesionales, pero realmente se introducen elementos que van a distorsionar la práctica clínica”, dice Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid).

Los últimos movimientos en la implantación de las UGC se producían este verano. El 7 de julio, el Consejo de Estado emitía un dictamen sobre el proyecto de Real Decreto por el que se fijan las bases para la implantación de las UGC en los servicios de salud de las distintas comunidades, que el Gobierno preparó en 2015. El organismo, que da su visto bueno al proyecto, dictamina que la normativa debe tener rango de ley, por lo que emplaza a que lo retome el próximo Gobierno.

Paralelamente, el 29 de julio, la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que ya en diciembre de 2014 aprobó un polémico decreto para regularlas que se ha encontrado con diversos escollos en el camino, anunciaba la implantación de las 15 primeras unidades de gestión clínica –de más de cien en proyecto– en la comunidad a partir de octubre. Finalmente, debido a la oposición generada en distintos sindicatos y colectivos, ha retrasado su implantación a enero de 2017.

También este verano, el 28 de junio, Osakidetza, la Consejería de Sanidad del País Vasco, presentaba en la Mesa Sectorial de Sanidad un borrador de decreto que regulará dos estructuras paralelas, las Organizaciones Sanitarias Integradas y las UGC. Aunque ambas existen desde hace años en el País Vasco, carecen de regulación.

“Creemos que son una puerta abierta a la privatización, primero porque es una atomización de la sanidad pública, y cuando se atomiza una cosa, se crean un montón de desigualdades que van en contra del propio sistema; es una bomba de relojería contra el sistema sanitario”, dice a Diagonal Piedad Manjón, delegada de la sección sindical de Sanidad de CGT en Castilla y León. En esta comunidad se lanzaron dos pruebas piloto en Valladolid y Zamora en 2012, que fueron posteriormente tumbadas por el TSJ. “Los trabajadores que han estado inmersos en estas pruebas también cuentan que disminuye el personal y las cargas de trabajo aumentan, y con ello baja la calidad asistencial. Eso es algo que veremos a largo plazo”, añade.

Además, las normativas a menudo establecen la libre designación de los directores de unidad, es decir, que la consejería de turno pueda colocar a dedo a las personas de su confianza, y “los jefes de servicio en estas formas de gestión tienen una autoridad que no es compartida ni democrática, y en sus manos quedan muchas cosas, desde el empleo hasta la organización del servicio y los objetivos”.

Incentivos por recortar

Y es que todo el sistema se basa en los incentivos por cumplimiento de objetivos. “No es compatible el ejercicio ético de la medicina con la recepción de incentivos relacionados con reducir el gasto por paciente. Si introduces incentivos, el dinero sale de ingresar menos días a un paciente o de no mandarle una prueba cara o un fármaco caro”, añade Gómez.

Vista la oposición generada en Castilla y León, la Junta ha decidido que durante el primer año las UGC funcionarán sin incentivos, pero éstos se introducirán posteriormente. También en el País Vasco, las UGC existentes hasta el momento lo hacen sin incentivación económica, pero el Sindicato Médico, que junto al Sindicato de Enfermería participa en las negociaciones con Osakidetza, condicionó su apoyo a la implantación de las UGC a la introducción de la incentivación económica, critica Unai Ortega, del Colectivo contra la Privatización de la Sanidad (Osasungintza Pribatizatzearen Aurkako Kolektiboa, OPAK). También la Con­federación Estatal de Sindicatos Médicos, una de las principales organizaciones defensoras de las UGC, reclama que éstas se implanten con incentivos a los profesionales de al menos 12.000 euros anuales por cumplimiento de objetivos.

Toman como ejemplo a la comunidad pionera en este tipo de sistema, Andalucía. Allí, con 700 unidades de gestión clínica en funcionamiento, los directores de las UGC que logren los objetivos de contención del gasto se embolsan una media de 11.000 euros anuales además de su sueldo, y 7.000 el resto de profesionales. Pero, para ello, se les presiona para que recorten en fármacos, pruebas o derivaciones, en detrimento de la salud del paciente, como explicaba ya en 2014 a Diagonal una médica de familia de una UGC de Sevilla, que explicaba que la gestión de la unidad “se hace con criterios empresariales”. En otros lugares, como Asturias, el 49% del ‘ahorro’ realizado por la unidad se reparte como incentivos.

“Hay profesionales que creen en ellas como un modelo que puede modernizar el ámbito sanitario, pero reivindicar la recepción de incentivos por una correcta gestión cuando ese dinero podría ir dirigido a una dotación de mayores recursos es contradictorio, además de chocar con el código deontológico”, añade Ortega.

Este miembro de OPAK cuenta el caso de médicos que, tras poner en marcha una UGC, decidieron abandonar porque “la Administración deriva la responsabilidad de recorte de presupuesto a los profesionales”. “La Administración –añade Ortega– intenta venderlo como un sistema en que se da autonomía total a los profesionales que lo dirijan, pero ya de primeras el presupuesto no es negociable. Ésa es la primera derrota, la imposibilidad de tener un presupuesto que se adapte a las necesidades del centro y de la población a la que atiende”, añade.

Ortega explica que, más allá de las distintas velocidades a las que se está implantando en el Estado, “éste es un proyecto a nivel europeo, que obedece a todas estas nuevas formas de gestión en las que al final se identifica la gestión estatal como una gestión ineficiente, y se cogen instrumentos del ámbito privado para incluirlas en el público”.

“Con las UGC se pretende ir impregnando de criterios empresariales al personal estatutario, para posteriormente convertirlas en órganos con personalidad jurídica propia”, el paso previo a la privatización, explica Vicente Losada, del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Algo como lo que ya ocurre con las Entidades de Base Asociativa de Cataluña, que, con entidad jurídica propia, funcionan como microempresas. “Esta desregulación va a generar una introducción de los procesos de privatización, y una influencia cada vez mayor de los lobbies empresariales”, añade Losada.

De momento, aparte de los sindicatos corporativos de la medicina y la enfermería, las UGC se llevan el apoyo de laboratorios farmacéuticos y organizaciones de directivos sanitarios, como muestra la Guía práctica para la implantación de unidades de gestión clínica, elaborada por la farmacéutica Abbvie y la IESE Business School, con el aval de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Asociación Nacional de Directivos de Farmacia (Ande). Y el interés y apoyo de las farmacéuticas, como Celgene, No­vartis, Johnson & Johnson, Gasmedi, Abbvie o Pfizer, se ha hecho patente en múltiples foros.

Juegos políticos

Mientras tanto, “en los programas electorales nadie habla de esto”, dice Antonio Gómez, que añade que “no hay gestión clínica buena y gestión clínica mala”. Lo cierto es que comunidades de distinto signo político han implantado las UGC. Andalucía (PSOE) las reguló en 2007, Asturias las introdujo en 2009 bajo el PP y las ha mantenido con los gobiernos posteriores, País Vasco (PNV) las introdujo al menos en 2007 y Galicia (PP) las reguló en 2014 pero no ha podido implantarlas aún por la oposición que generan, mientras que Castilla-La Mancha (PSOE) prepara ya su puesta en marcha.

Aunque IU en Castilla y León muestra su “más absoluto rechazo” a las UGC, durante su participación en los Gobiernos del PSOE en Asturias y Andalucía no hizo patente su desacuerdo con este sistema. También Podemos en Castilla y León ha exigido a la Junta la paralización de manera inmediata de las UGC, pero la postura de la estructura federal es matizada. Ana Castaño, responsable de Sanidad de Podemos, dice a Diagonal que “tal y como se está orientando es una perversión y puede encubrir una privatización”, y añade que “es el aparato jurídico que da pie a las UGC el que permite lecturas variopintas”. Sin embargo, considera que el sistema puede funcionar si hay independencia en la gestión, transparencia y evaluaciones, tal y como defienden en Podemos An­dalucía. En cuanto a sindicatos como CC OO y UGT, mantienen una fuerte oposición en Castilla y León y Galicia, pero defienden el sistema en Asturias o Andalucía.

11.000 euros en incentivos

Once mil euros anuales es lo que llega a cobrar en incentivos un director de UGC en Andalucía si la unidad alcanza los objetivos establecidos. Un miembro de la unidad cobra unos 7.000 en incentivos. En Asturias, el 49% del ahorro logrado por la unidad se entrega en incentivos.

700 unidades

700 unidades de gestión clínica existen actualmente en Andalucía. En Castilla y León se implantarán 15 a partir del 1 de enero de 2017. Del resto de comunidades con implantación no hay datos.

1.143 nuevos cargos

Son los cargos intermedios para UGC nombrados por la Junta en los últimos cinco años. Estos cargos han supuesto un aumento del gasto del Servicio Andaluz de Salud en 3,7 millones de euros sólo en concepto de productividad.