La privatización de hospitales, una hipoteca para el futuro
Los nuevos centros públicos de financiación privada disparan los costes a largo plazo, según expertos y sindicatos
"Los nuevos servicios han sido, en general, más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales (...) Algo positivo es que es más fácil que estas instalaciones se construyan en el plazo y dentro del presupuesto; pero estas ventajas se consiguen a menudo a costa de la calidad".
Esta era, en 2006, la principal conclusión de un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los hospitales públicos construidos, y a veces también gestionados, por la iniciativa privada. Hoy, cinco años después, expertos, sindicatos y organizaciones de defensa de la sanidad pública siguen criticando y planteando dudas sobre un modelo que, sin embargo, tiene una gran rentabilidad política. No en vano permite a las administraciones inaugurar nuevos hospitales, incluso en crisis como la actual, sin apenas desembolsos en los primeros años, ya que la construcción recae en la iniciativa privada, que se acaba cobrando con creces la inversión a través que los cánones que cobra en los siguientes 30 años, lo que acaba disparando el coste final como ocurriría, por ejemplo, con una hipoteca.
Y es que un hospital puesto en marcha bajo una de estas modalidades, conocidas de forma genérica como PFI (iniciativa de financiación privada) por sus siglas en inglés, puede llegar a suponer, cuando vuelve a manos de la administración tres décadas después, un coste de al menos cuatro veces más a si su construcción se hubiera realizado con dinero público, según calculan los sindicatos y organizaciones de sanidad pública basándose en los cánones que debe pagar a las empresas concesionarias la Comunidad de Madrid, la administración que más frecuentemente ha recurrido a esta fórmula de financiación en los últimos años.
"Es muy cómodo para el político", señala Manuel Rodríguez, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO en Madrid, que alerta sin embargo de que recurrir al dinero privado, en lugar de a la financiación pública, conlleva "gastos financieros bestiales". Así, calcula que de los cerca de 1.000 millones que aproximadamente hubiera costado hacer los siete hospitales de Madrid construidos bajo la fórmula de gestión mixta pública-privada (una empresa construye el hospital y lo gestiona mientras la autonomía sigue controlando la asistencia sanitaria), el precio final para los contribuyentes rondará los 4.500 millones.
Además, como resalta Pilar Navarro, secretaria de Salud de UGT, al final de los 30 años de concesión la administración de turno, tras haber pagado cantidades millonarias, recibe "un hospital obsoleto". Por ello, este sindicato ya pidió al Gobierno central en julio que aborde un análisis riguroso de la eficiencia de estas nuevas fórmulas de gestión.
También están muy preocupados por el coste de estos centros en la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, que ha recopilado datos según los cuales los madrileños pagarán este año un montante de 761 millones, que ascenderá a 4.284 una vez finalizadas las concesiones, por unos hospitales cuya construcción ha costado sólo unos 700 millones. "El coste se multiplica por entre cuatro y siete dependiendo de la modalidad de concesión", señala el portavoz de la Federación, Marciano Sánchez Bayle.
A su juicio, los nuevos hospitales construidos por Aguirre se hubieran podido hacer "a un coste muy inferior" con fondos públicos, si bien es cierto que "no todos a la vez". "Se trata de favorecer el negocio del sector privado", agrega. "Tienes que pagar el beneficio de la empresa privada más el IVA, y luego la gestión no es mucho mejor", valora por su parte Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO.
"Es un chollo inicial [para la administración] que luego sale muy caro a los ciudadanos", remacha. De hecho, la rentabilidad de las concesionarias fue superior al 11% hasta enero en Madrid, según reconocieron las propias empresas cuando advirtieron en abril al Gobierno regional del riesgo de "colapso" por la caída de sus beneficios. Asimismo, como señala la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, estos centros "están diseñados para realizar actividades sanitarias que no comportan grandes riesgos, pero aseguran beneficios rápidos". "Las actividades más costosas y menos rentables (como unidades de quemados o cirugía especializada) se mantendrán en centros públicos", agrega.
Gestión privada pura
Gestión privada pura
Pero al menos en los centros anteriores el personal sanitario sigue perteneciendo a la sanidad pública, algo que no ocurre en la modalidad de concierto, donde la concesionaria se ocupa también de la gestión sanitaria de la población del área de influencia del centro, como ocurre en el caso de los hospitales de Torrejón y Valdemoro. "Ahí el político paga y se olvida de todo lo demás", agrega Martínez, que alerta de que de facto una parte importante de la población pasa a ser atendida por la sanidad privada. Así, sumando estos dos centros más la Fundación Jiménez Díaz (que tiene concierto desde la época del Insalud) "hay 620.000 madrileños, casi el 10% de la población de la Comunidad, a los que la asistencia se la da la sanidad privada".
No hay que olvidar, al margen de la fórmula elegida, que "la financiación privada es más cara", como señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación de la Escuela Nacional de Sanidad, que sí reconoce una ventaja: la rapidez en la inversión, frente a la "lentitud a veces exasperante de las obras civiles de hospitales del pasado". "Se puede inaugurar en una legislatura el hospital prometido en la campaña electoral anterior, a coste cero en los cuatro años de construcción", señala Repullo, que reconoce no obstante que esto se consigue a costa de delegar el coste del funcionamiento "para las siguientes legislaturas y la generación venidera". El modelo también permite "eludir controles de endeudamiento", lo que junto con el factor anterior tiene "un alto valor político" y convierte a la fórmula en "irresistible" para algunos gobernantes.
Por otro lado, la "ventaja teórica" de una buena gestión de los activos por parte de la concesionaria "parece desvanecerse en gran medida ante la complejidad de los servicios y su rápido cambio tecnológico". "Imaginemos agrega que nos entregan hoy un hospital en las mismas condiciones que tenía cuando acabó de construirse en 1980: valdría de museo, pero estaría totalmente obsoleto".
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Aunque la clínica de la Asunción no es un hospital (PFI: Iniciativa de Financiación Privada) ya se le ven unas ciertas similitudes con este modelo.
ResponderEliminarEs un chollo para los políticos que con muy poca inversión inicial consiguen vender a la gente la burra como si fuese un hospital público de gestión público. Para hacer uno nuevo o publificar este tendrían que realizar un desembolso mayor( y necesitan ese dinero para hacer el hospital secundario de Eibar).
El problema es para los ciudadanos que no solo vamos a recibir un servicio menos dotado sino que además a la larga nos va a salir bastante mas caro. El tiempo nos lo enseñará.
Además a partir de ahora vamos a tener la zorra dentro del gallinero. Si antes fuera , aunque con importantes ayudas en el interior, no hubo quien le controlase, ahora dentro, ¿ quien le va a poner el cascabel al zorro?.
Una vez se sienta imprescindible ¿ quién va a impedir que nos amenace con el colapso de la atención, como ya han hecho en Madrid, cuando vea que sus beneficios no son los que considera que tienen que ser?.
Estos hospitales PFI a lo que son calcados es a las residencias tipo la que nos pusieron en Tolosa tras el robo que nos hicieron de la residencia de la Plaza Euskalerría. El ayuntamiento anterior nos lo vendió como un gran logro, lo que fue un gran timo del toco mocho .