Las ‘cenicientas’ de la sanidad pública

Publicado en attac.es  4/03/2015

Marciano Sánchez Bayle - www.nuevatribuna.es

Salud Pública, Salud Mental y Salud Laboral, las tres marginadas del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de tres verdaderas “cenicientas” de la Sanidad Pública, cada una por sus propios motivos específicos pero en los tres casos existe un motivo común, el que no cuadran con los intereses del capitalismo neoliberal, en los dos primeros casos porque sus actividades carecen de rentabilidad y en el último porque una parte importante de la salud laboral, la prevención de riesgos laborales, choca con los intereses empresariales y además, otras de sus actividades, las relacionadas con las mutuas son sumamente lucrativas para los intereses privados.

La Salud Pública (SP), además fue objeto de una ley especifica que se aprobó a finales de 2011 (Ley General de Salud Pública, 31/2011) que no se ha desarrollado, de esa manera la capacidad de nuestro sistema sanitario para abordar problemas serios de Salud Pública esta muy mermada como se evidenció en el caso de la crisis del ébola. Pero también carecemos de una política de abordaje en temas tan importantes como salud medioambiental, determinantes de salud o desigualdades en salud por citar solo los más relevantes.

La importancia estratégica de las funciones esenciales de Salud Pública (tales como vigilancia, monitorización y promoción de la salud) está en la generación por parte del sistema de salud de una respuesta efectiva, eficiente y de calidad a los intereses colectivos en materia de salud. La SP debe de ser uno de los objetivos centrales de las políticas públicas de salud, la manera más económica y ecológica de reducir la mortalidad y la morbilidad entre la población es prevenir y evitar los factores ambientales, sociales y conductuales que provocan la enfermedad y la muerte. La inversión en SP es más eficiente a medio plazo que los gastos en asistencia sanitaria y además promueve la autonomía y los derechos de la ciudadanía.

La inversión en Salud Pública es más eficiente a medio plazo que los gastos en asistencia sanitaria y además promueve la autonomía y los derechos de la ciudadanía

También es obvio que la actitud ante la Salud Pública es muy distinta en las diferentes CCAA y que mientras unas hacen desaparecer cualquier efectivo especifico de SP como en Madrid, otras han avanzado leyes autonómicas y han desarrollado Planes de Salud de ámbito autonómico.

La Salud Mental es otra de las postergadas por el sistema sanitario, aunque tuvo un desarrollo importante en los años 80 y 90 del siglo pasado, potenciando una salud mental comunitaria y acabando con las estructuras manicomiales, sin embargo el desarrollo fue muy diferente según las CCAA y ha sufrido importantes retrocesos en los últimos años que en general se han caracterizado por fuertes recortes, por las privatizaciones / externalizaciones de los servicios, especialmente los de rehabilitación y larga estancia y en suma por un duro golpe a un sector ya de por si poco desarrollado, a lo que se ha sumado una política de incremento de medidas de coerción frente al desarrollo de la reinserción social, tal y como señala el Grupo Atocha“ La acción gubernamental ha debilitado y paralizado la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, que se encontraba en desarrollo desde 2006, lo que manifiesta una grave irresponsabilidad en este momento social y sanitario. La carencia de medios, la dirección incompetente y la gestión orientada a resultados numéricos presentados con apariencia de productividad, está creando efectos devastadores en la calidad asistencial y dañando la motivación e iniciativa profesional.”

En suma el problema es que la salud mental comunitaria tiene poca cabida en un planteamiento neoliberal de asistencia sanitaria donde lo que se busca es la rentabilidad económica, la segmentación social en la asistencia sanitaria y el aparcamiento de los problemas no rentables en manos de la beneficencia.

Por fin la salud laboral que la Ley General de Sanidad (1986) postulaba que se integrar en el Sistema Nacional de salud lo que hubiera sido lógico desde una perspectiva integradora de la atención sanitaria y la salud. Sin embargo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) reforzó un dispositivo paralelo y el papel de las mutuas en la gestión de los riesgos y la atención a los problemas de salud laboral. El resultado ha sido profundamente negativo porque se han producido serios problemas en cuanto a la prevención de accidentes (España tiene una elevada accidentabilidad laboral), una infradeclaración de enfermedades profesionales (muchas de las enfermedades relacionadas con el trabajo no están recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales), la privatización de la asistencia sanitaria de accidentes y enfermedades laborales, una progresiva intromisión de las mutuas sobre el control de las bajas laborales y numerosos fenómenos de corrupción y despilfarros, tal y como señala el Informe del Tribunal de Cuentas. Por otro lado con la crisis económica se ha producido una disminución muy importante de las actividades preventivas en los centros de trabajo.

La integración y desarrollo de estos tres aspectos, salud pública, mental y laboral, es fundamental para reforzar el carácter integral de la atención sanitaria y su aprovechamiento de sus capacidades de promoción y prevención para mejorar la calidad de vida y la salud de la población.

Por lo tanto deberíamos avanzar en:

• Desarrollar estructuras de Salud Pública tanto en las CCAA como en el ámbito de las áreas de salud para actuar en coordinación con la atención primaria y la especializada.
• Incorporar la salud medioambiental, los determinantes de salud y las desigualdades en salud en la política sanitaria
• Aprobar Planes de Salud en las CCAA y el Plan Integrado de Salud a nivel del conjunto del SNS que marquen los objetivos de salud y las estrategias para abordarlos.
• Hacer efectiva la presencia de la “salud en todas las políticas” exigiendo una valoración del impacto en salud de todas las leyes y/o normativas.
• Garantizar la atención a la salud mental de todas las personas con un carácter multidimensional, respuesta multiprofesional, orientación asistencial comunitaria, continuidad de cuidados, atención y apoyo en el ámbito domiciliario, y trabajo psicosocial de prevención.
• Priorizar la atención de las personas con trastornos mentales graves, garantizando su atención inmediata.
• Hay que asegurar recursos suficientes, materiales y profesionales y volver a que los centros de salud mental sean los ejes vertebradores y de orientación funcional de la asistencia
• Hay que oponerse a la modificación del Código Penal que supone un retroceso en la igualdad del trato legal de las personas.
• Es necesario reforzar y apoyar el movimiento asociativo de usuarios/as y familias con problemas de salud mental, con el objetivo de su empoderamiento, promoviendo su participación en la elaboración, seguimiento, evaluación y gestión de los programas y planes de atención a la salud mental, así como en el marco de la intervención clínica.
• Integrar la salud laboral en el Sistema Nacional de Salud, planteando su existencia como una entidad especifica de apoyo y colaboración con el resto del sistema sanitario a nivel de las áreas de salud y/o servicios regionales de salud.
• Reforzar el papel de la prevención de riesgos laborales en las políticas de salud
• Mejorar la formación de los profesionales sanitarios en salud laboral para poder detectar aquellas enfermedades que pueden estar relacionadas con la actividad laboral.
• Devolver a los médicos de atención primaria el control de las bajas laborales en colaboración con los dispositivos de salud laboral.

Recuperar la Sanidad Pública tan dañada por el proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones exige también replantearse estos aspectos que habían sido marginados por el SNS, conviene no olvidar que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y que el SNS difícilmente conseguirá sus objetivos si no se atienden debidamente estos elementos claves para una buena salud.

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Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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