Carlos Jiménez Villarejo
La durísima política contra la sanidad pública del Gobierno de CiU está vaciando el contenido, que creíamos intangible, del Estado social, lesionando derechos fundamentales de la persona, el de la asistencia sanitaria, y tratando a los pacientes y a los profesionales sanitarios como si de una mercancía se tratara en una economía de mercado a la que se subordinan los derechos de las personas. El Gobierno de CiU ataca frontalmente el desiderátum del preámbulo constitucional cuando propugna "asegurar a todos una digna calidad de vida" y vulnera de forma reiterada los derechos a la salud proclamados en los artículos 43 de la Constitución y 23 del Estatuto. Ni la crisis ni el déficit pueden justificar la destrucción de este derecho sin el cual no es posible garantizar el respeto a la "dignidad humana" y el "libre desarrollo de la personalidad". Por tanto, estamos ante una crisis de la política fundada sobre derechos para sustituirla por otra al servicio de los beneficios económicos, sustitución que conduce inevitablemente a acentuar la desigualdad social y favorecer toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza. ¿Dónde queda la ciudadanía democrática? Porque es evidente que los derechos sociales, entre ellos el de la salud, son la condición de una democracia basada en el pleno reconocimiento de la ciudadanía, ciudadanía que debe ser una barrera ante políticas antisociales.
La crisis acentúa la desigualdad social y favorece toda clase de exclusiones, marginaciones y, en definitiva, la pobreza
Así lo proclamó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (ONU) celebrada en Viena en 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".
Naturalmente, desde esta perspectiva se derivan automáticamente para todas las Administraciones unas estrictas obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de disponer de recursos suficientes y garantizar la prestación de los servicios correspondientes.
Si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas" (art. 9.2), puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar avanzando hacia cotas más altas de prestaciones. Es lo que se llama principio de no regresividad o, mejor, de progresividad.
Es decir, los derechos sociales pueden entenderse como irreversibles y, en tal medida, cualquier actuación, por acción u omisión, de los poderes públicos que limite gravemente su satisfacción está afectando al derecho básico a la dignidad humana.
Consecuentemente, el incumplimiento de los poderes públicos de su deber de prestación en la sanidad puede entenderse como una forma de discriminación, conducta constitucionalmente prohibida. Exigencias manifiestamente incumplidas por el Gobierno de Cataluña.
La violación por los poderes públicos de este derecho, en la medida en que constituye, como derecho propio de la ciudadanía, un derecho cívico, obliga a plantearse la posibilidad de que las decisiones políticas de gravísimas restricciones sanitarias no solo sean un abuso de poder, sino que presenten una auténtica relevancia penal. Si así fuere, deberían perseguirse ante los tribunales por los perjudicados y la fiscalía, de oficio. En efecto, el art. 542 del Código Penal castiga a las autoridades y funcionarios públicos que "impidan" a los ciudadanos "el ejercicio de derechos cívicos", en un precepto que contempla de forma genérica la violación de derechos innominados que, por su trascendencia personal y social, merecen una protección mas intensa como es la penal. Entendemos que a tenor de una lectura constitucional acorde con la actual significación y alcance de los derechos sociales, el derecho a la salud merece y necesita una más eficaz protección si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, está justificado advertir que una política sanitaria como la actual de CiU puede merecer un reproche penal. Y en su caso, quienes la denunciaran estarían defendiendo sus derechos y, además, protegiendo preventivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción.Helbide honetan argitaratua: http://www.mats-madrid.com/?p=14081
¿Y tu que opinas?
ResponderEliminarYo, no solo estoy de acuerdo con el contenido de este articulo de opinión, si no que, estoy dispuesto a dar un paso hacia delante, salir a la calle, y junto a quienes quieran acompañarme, alzar la voz, para que quien me escuche, sepa que no estoy dispuesto a que me arrebaten mis derechos y que por lo tanto, me voy a defender.
Lo que esta pasando actualmente y todo lo que se nos “viene encima” si no hacemos algo para evitarlo, es de una gravedad tal, que sin darnos cuenta, mañana mismo, podemos ser, una legion de “esclavos siglo XXI” al servicio absoluto, de quienes tienen y controlan el dinero en el mundo, quienes sin piedad ni misericordia, nos seguiran robando todo aquello que nos hace ser. seres humanos libres “NUESTROS DERECHOS “ y con ello y al mismo tiempo tambien, arrancatan NUESTRA DIGNIDAD, como metodo infalible para tenernos a sus pies, sin ninguna capacidad de reaccion.
Me niego a ser y que seamos las personas, objetos o mercancia , en manos de politicos miserables, corruptos y prostituidos, a banqueros y Grupos Financieros, deshumanizados, cuyo unico objetivo es el de imponer un modelo de sociedad, al servicio unico y exclusivo de la acumulación de beneficios de unos pocos.
En el caso de que veas como yo, la necesidad de salir de la apatia y de la “comodidad” que trae consigo la sumisión, y por lo tanto, de rebelarte contra tanta injusticia, te estare esperando en el Triangulo, el proximo sabado dia 12 de Noviembre a las 12 del mediodia.
Compañero/a Anonimo. Se puede decir más alto, pero decirlo más claro creo que es imposible. Nos veremos el día 12 en la plaza del Triangulo de Tolosa.
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