Hacienda discute nuevos recortes con las autonomías para cumplir el déficit

• Hacienda reúne propuestas de ahorro que incluyen más copagos y reducciones de sueldo

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 21 JUL 2014 - (El Pais)

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado mes de junio en el Ministerio de Hacienda. / SAMUEL SANCHEZ

Las comunidades autónomas, en especial algunas, siguen teniendo problemas importantes para cumplir sus objetivos de déficit y cuadrar sus cuentas. Y algunas proponen medidas de recorte drásticas para ajustarlas. El Gobierno ha iniciado un proceso de consulta con todas ellas para ver qué propuestas de “racionalización del gasto”, el eufemismo utilizado, les hacían llegar. El ministerio de Hacienda ha recogido todas esas propuestas en un documento, con 255 medidas muy concretas, y se las ha enviado a todas las comunidades. Y en ese texto hay iniciativas muy polémicas, como nuevos copagos, establecimiento de “tasas hosteleras” en los hospitales, nueva ampliación de la jornada laboral de los funcionarios, eliminar de nuevo una paga extra o reducir el 10% el complemento de los profesores. 

Todas las medidas que figuran en este documento que ha elaborado Hacienda provienen de propuestas de una o varias autonomías, aunque en el texto no se especifica quién las planteó para evitar el coste político que supondría si se dieran a conocer y más ahora que se acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Este proceso, que lleva meses en marcha, tiene un momento clave la próxima semana, cuando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque a todos los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir, entre otras cosas, las medidas de racionalización del gasto. 

Las comunidades, sobre todo las que tienen más dificultades, plantean que sea el Gobierno el que, a través de la normativa general, asuma el coste político de forzar esos nuevos recortes, aunque serían ellas las que ahorrarían. 

Es lo que sucedió en 2012, cuando desde la normativa básica se amplió por ejemplo de 25 a 35 el ratio máximo de alumnos por clase —una de las medidas plantea aumentarlo otra vez un 10%— o el horario de los funcionarios de 35 a 37,5 horas semanales —ahora se plantea subirlo de nuevo a 40—. 

El documento no es un borrador, es un texto oficial que ha enviado Hacienda. Sin embargo, desde el ministerio explican que algunas de esas medidas, las más extremas, son propuestas de algunas autonomías que difícilmente se llevarán a cabo y que el Gobierno no asume. Algunos consejeros consultados también se han quedado impresionados con el documento porque contiene propuestas muy polémicas en un momento en que el Ejecutivo insiste en que se acabó la etapa de los recortes más duros. 

Hacienda explica que, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, este documento que se ha enviado ahora “se depurará para eliminar las propuestas más inasumibles”, aunque de momento no se ha hecho el trabajo de diferenciar cuáles son discutibles y cuáles hay que descartar. A una semana de la cita clave, las autonomías solo disponen de este texto con 255 medidas. 

No todas las que se plantean son especialmente polémicas. Muchas de ellas se concentran en cuestiones en las que están de acuerdo todas las autonomías, como la centralización de todo tipo de compras —para poder negociar mejor con los grandes proveedores y obtener rebajas— y otras que ya se habían estudiado en el documento sobre la reforma de la Administración promovida por el Ejecutivo, como la eliminación de defensores del pueblo autonómicos y la coordinación entre las comunidades de todo tipo de iniciativas, desde las políticas de empleo a las licencias de caza. También hay una parte final en la que se plantean cambios radicales en la recolección de datos para poder hacer este tipo de políticas de racionalización con datos homologables entre todas las autonomías. La dispersión de los datos es uno de los principales problemas con los que se han encontrado los expertos a las hora de la racionalización y la coordinación entre las autonomías. 

Sin embargo la parte más novedosa del documento, y empieza por ahí el listado de medidas, son las propuestas de nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus salarios reales o en especie. 

De hecho, la primera iniciativa de las 255 es un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del servicio”. La segunda es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”. La tercera es copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos”. Esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones, sobre todo porque lo hacían de manera individual comunidades como Cataluña y Madrid. En el documento se pide que se implante en toda España. 

Todas las primeras medidas van esa línea y también se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. Esto es, mientras algunas comunidades no quieren aplicar esta medida del copago farmacéutico en los hospitales implantada por el Ministerio de Sanidad, otras están pidiendo que se aumente. 

En la misma línea de copago van otras muchas propuestas, también las que se refieren a la ley de dependencia. “Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al sistema”, dice una de ellas. Pero las más radicales están en el apartado de recortes en gastos de personal, tanto que algunas incluyen directamente la “suspensión del nombramiento de personal interino”.

255 medidas de ahorro y recorte para el debate

Manifestación de estudiantes en defensa de la enseñanza pública en 2011. / CARLES FRANCESC

Los consejeros de las comunidades autónomas han propuesto 255 medidas de ahorro del gasto y de aumento de ingresos para combatir el déficit. El Ministerio de Hacienda filtrará muchas de estas medidas para llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera un catálogo de propuestas de racionalización del sector público. Algunas de las propuestas son las que siguen.

Copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas. Copago por asistencia a consulta médica y urgencias. Cuantía mínima por la expedición de recetas. Compatibilidad del sistema público con el sistema privado. Posible desgravación fiscal para usuarios de aseguramiento privado. Permitir la venta de determinados medicamentos fuera de las oficinas de farmacia. Reducción del margen comercial aplicable a las oficinas de farmacia. Permitir u obligar a que determinados productos farmacéuticos con receta sean dispensados en centros ambulatorios. Alquiler de instalaciones al sector privado. Establecimiento de tasas hoteleras en los hospitales.

Educación. Congelación de módulos de la enseñanza concertada en los dos próximos años. Incremento del ratio de profesores por alumno en un 10%. Cese de docentes interinos durante el periodo no lectivo de verano. Ajuste en las partidas de becas para comedor y libros. Minoración de ayudas a corporaciones locales para el mantenimiento de escuelas infantiles. Racionalizar el crecimiento en el número de universidades así como en el número de titulaciones de grado.

Justicia. Reducción del módulo del turno de oficio. Establecimiento de tasas judiciales en primera instancia en procedimientos civiles y mercantiles en función de la cuantía objeto de reclamación y del sentido de la resolución favorable o desfavorable al reclamante. Tasas por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la Administración de justicia.

Funcionarios. Eliminación del exceso de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios. Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de todos los moscosos. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones sindicales.

Duplicidades. Unificar en una sola agencia los organismos encargados de la evaluación y acreditación de titulaciones y profesorado universitario. Propuesta de integración de las oficinas en el exterior de las comunidades autónomas en las oficinas administrativas del Estado en el exterior. Asunción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de las funciones de las agencias catalana y vasca. Asunción por Turespaña de las funciones desarrolladas por los observatorios de turismo de Baleares y Valencia. Eliminación de duplicidades en la red de estaciones meteorológicas automáticas en algunas comunidades. Eliminación de duplicidades en relación a la realización de estudios de opinión y fomento de la investigación sociológica. Supresión de los observatorios autonómicos de la infancia. Licencia deportiva única.