Nafarroa ha reconocido la atención sanitaria a 1.263 personas en situación irregular en 2015. En total, son 2.688 los inmigrantes a los que se admite este derecho en virtud de una ley que rechaza UPN y que el PP ha recurrido al TC. La ley navarra, que el Gobierno Barkos ha dado orden de cumplir a rajatabla, deja muy atrás a la normativa de la CAV.
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48 NACIONALES
A través del mecanismo para garantizar la atención sanitaria a todas las personas, Nafarroa ha reconocido también a 48 navarros que habían perdido este derecho. |
El PP, embebido en su vorágine de recortes, decidió acabar con la atención sanitaria universal a través de un Real Decreto en 2012. Con esa norma, se dejó fuera de la atención médica a las personas que están en situación irregular, y que a partir de entonces solo pueden ser atendidos en urgencias. Muchos territorios del Estado han ideado fórmulas para esquivar esta norma. Nafarroa y la CAV han elaborado leyes propias que ahora están recurridas ante el Constitucional. Sin embargo, mientras en Nafarroa se han anulado los efectos del Real Decreto del PP, el sistema de la CAV no funciona igual de bien y sigue generando exclusión, según denuncian organizaciones como Munduko Medikuak.
La ley navarra es la más garantista de todo el Estado, en el sentido de que para tener acceso al sistema sanitario navarro no exige ningún requisito, ni siquiera estar empadronado. La norma se aprobó en 2013 y, a través de ella se ha reconocido el derecho a la salud a 2.688 personas, según informó el Gobierno de Uxue Barkos hace tan solo unos días.
Aunque la ley navarra, que el Estado tiene recurrida y logró paralizar durante unos meses, se aprobó con un gobierno de UPN gracias a la unión de toda la posición, no ha sido hasta el cambio de Gobierno cuando se ha aplicado con radicalidad. El último paso ha sido la emisión de una circular dando orden a todos los centros sanitarios para que se comience a prestar atención sanitaria a cualquier persona sin esperar a que terminen los trámites de su registro dentro del sistema de salud. Además, la ley garantiza que las personas en situación irregular sean tratadas de forma «indistinguible» del resto. Es decir, los inmigrantes pueden acceder tanto a médicos de atención primaria como a especialistas y tienen acceso a medicamentos en igualdad de condiciones.
Uno de los mayores problemas era la obligación de emitir una prefactura cuando alguien sin registrar accedía a la sanidad pública. El actual Gobierno navarro ha dado orden de que no se vuelva a emitir ninguna más.
Requisitos en la CAV
La situación es bien distinta en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, donde se exigen tres requisitos para obtener la tarjeta sanitaria: estar empadronado durante un año en la CAV, percibir la Renta de Garantía de Ingresos o tener ingresos inferiores, y carecer del acceso a un sistema de protección sanitaria público por cualquier otra vía.
Estas condiciones dejan fuera del sistema a muchas personas, que no se atreven a ir al médico por temor a las facturas. La emisión de un recibo tiene un efecto disuasorio, ya que muchos inmigrantes en situación irregular desconocen que las facturas se pueden anular si se acredita la residencia en la CAV.
Además, Munduko Medikuak ha denunciado que, en algunos casos, se ha negado la asistencia a mujeres embarazadas y a otros colectivos que tienen acceso al sistema sanitario, como son los menores y los enfermos con patologías contagiosas.
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