Poder saludable

Mati Iturralde

Militante de LAB-Osakidetza

naiz.es

Si la legislatura de Patxi López y Rafael Bengoa en Osakidetza se nos hizo larga, la de Iñigo Urkullu y Jon Darpón no ha sido menos. Los últimos cuatro años han sido una continuación de los anteriores aunque cambiaran los trajeados protagonistas: Freire (PSE), Azkuna (PNV), Inclán (PNV), Bengoa (PSE) y Darpón (PNV). Eso sí, con una campaña de imagen que más de alguna empresa multinacional envidiaría.

Mientras, a las y los usuarios, trabajadores y trabajadoras de Osakidetza nos ha resultado difícil comprender cómo un servicio de salud tan pretendidamente brillante fallaba sin embargo en el día a día, en su organización, en su equidad, en su accesibilidad.

Es cierto que en Osakidetza no se ha llegado al nivel de otros servicios de salud del Estado gestionados por el PP. Aunque resulta reconfortante compararse con la situación de los que están al borde del desastre, esto no mejora la propia y, a menudo, impide que se detecten los problemas y se tomen las medidas para solucionarlos.

En Osakidetza, sin grandes quiebros ni medidas dramáticas, se va perfilando un sistema sanitario que se ajusta a los raquíticos servicios públicos que interesan a los poderes económicos. Va calando en la opinión pública la idea de que en salud, también gastamos por encima de nuestras posibilidades y de que no es posible seguir atendiendo cada vez a más personas con mayores necesidades de salud.

Habría que explicar con todos los datos sobre la mesa si en una sociedad económica y socialmente avanzada como la vasca, un elemento fundamental de reparto de la riqueza como es la atención a la salud, merece o no un esfuerzo para el interés común.

Pero nos encontramos con la primera constante de la acción política de Darpón y sus antecesores: la imposible participación de la sociedad.

Es cierto que en el Parlamento de Gasteiz se debaten a menudo temas relacionados con Osakidetza, incluso a veces, se da voz a asociaciones de personas afectadas y organizaciones sindicales. Pero no existen marcos reales de participación y los usuarios y usuarias deben conformarse con la encuesta de satisfacción anual. 

Muchas personas usuarias perciben problemas en la asistencia, aunque esos problemas no se traduzcan en quejas formales. Aunque las hubiera, difícilmente las conoceríamos porque otra constante que se confirma en el tiempo es la falta de transparencia. Y esta falta de transparencia ha llegado a su máximo con la creación de las Unidades de Gestión Clínica; pequeñas empresas con gestión y financiación propia dentro de los hospitales y los centros de salud que sirven, no solo para mejorar el acceso de las multinacionales, sino también para hacer mucho más complicado el control externo del gasto y la gestión.

Mientras, el sistema socio-sanitario está al borde del colapso en residencias públicas con listas de espera más prolongadas que la esperanza de vida de muchas y muchos solicitantes y una atención a la dependencia cada vez más reducida. La sociedad puede mirarse en el espejo de un futuro incierto si no se prepara para la atención y el cuidado de personas mayores en un corto plazo de tiempo y sin embrago, no parece una prioridad de los gestores de lo público.

Como en la legislatura anterior, la plantilla de Osakidetza ha sido también víctima de los ajustes presupuestarios. La amenaza de Bengoa de «hacer más con menos» ha seguido vigente con Darpón. Sin sustituciones, con cargas de trabajo en crecimiento constante y una media de edad cada vez más crítica, el sistema funciona demasiado a menudo a base de buena voluntad y responsabilidad ética; mientras las condiciones de trabajo se han ido precarizando de manera unilateral por las direcciones arrebatando a todas las trabajadoras el derecho a negociar colectivamente.

Ningún responsable político disiente en los lemas de la universalidad, la equidad y el carácter público de Osakidetza. Pero la concreción de estos principios no es materia de discusión política y así difícilmente se garantizan los derechos sociales. 

Desgraciadamente nos vamos acostumbrando a los hechos consumados, en un momento político y social donde la confrontación sobrevive a duras penas y sin embargo, en todos los ámbitos, solo el empoderamiento social podrá cambiar la realidad y construir sistemas de servicios públicos que de verdad garanticen la salud, la atención digna a la enfermedad y la vida digna de cada persona.

Es responsabilidad de todos y todas, pero de una manera especial de todos y todas quienes trabajamos en el sistema público de salud, abrir nuestros centros a la ciudadanía, compartiendo con ella nuestras preocupaciones y reivindicaciones, trabajando bien y responsablemente, pero exigiendo condiciones dignas para trabajar y cuidar de los y las pacientes.

Tal vez sea el momento de cambiar el rumbo de Osakidetza y convertir el sistema vasco de salud en un motor de democratización y transformación social. Todo un reto.